Marset echó a sus abogados y denunció que la DEA lo extorsionó para quedarse con US$4 millones en criptomonedas
El capo narco uruguayo, detenido en una operación especial de fuerzas norteamericanas en Bolivia, escribió una carta en la que cuenta supuestas irregularidades; la Justicia del Estado de Virginia lo acusa de lavado de dinero del crimen organizado
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CORRESPONSAL EN ROSARIOGermán de los Santos
A diez días de una audiencia que podía definir el resto de su vida, Sebastián Marset pateó el tablero, con una salida típica de un hombre extravagante del mundo criminal. El narcotraficante uruguayo, detenido desde el 13 de marzo y procesado en el Tribunal de Distrito del Este de Virginia, en los Estados Unidos, despidió a todo su equipo de defensa norteamericano y presentó ante el juez Rossie D. Alston Jr. una carta manuscrita de cuatro páginas en la que acusa a dos agentes federales de haber intentado extorsionarlo para que les diera las claves de una billetera virtual que guarda cuatro millones de dólares en criptomonedas.
Es el giro más drástico desde que la DEA lo subió a un avión en Bolivia y lo entregó a la Justicia de Estados Unidos: hasta ahora Marset había delegado su defensa en un equipo de exfiscales con peso en Washington y Miami; ahora pelea solo desde una celda del Centro de Detención de Alexandria.
La carta, redactada en inglés y presentada el miércoles pasado, es el documento de un hombre que decidió jugar todas sus fichas en simultáneo. En ella, Marset relata que el día de su captura, tras una “entrega irregular que viola los tratados internacionales”, fue trasladado en avión hasta el aeropuerto internacional Dulles, en Washington.
Marset señaló que en ese lugar pidió un abogado y nadie lo escuchó. Lo interrogaron sin asistencia judicial y, según su versión, los agentes Michael Greisen y Tyler Ganzel lo amenazaron con que nunca volvería a ver a sus hijos y que pasaría el resto de su vida en prisión si no cooperaba.
Marset había tenido una reacción similar contra las autoridades bolivianas cuando lo fueron a detener y descargó en un video fuertes críticas en las que reveló el supuesto pago de sobornos a militares de ese país. Ahora emprende una estrategia similar.
El punto más grave de la denuncia llega después: Marset afirma que los mismos agentes le habrían exigido acceso a una billetera de criptomonedas con unos cuatro millones de dólares en USDT. Ante su negativa -según la versión del acusado-, llamaron por WhatsApp a su madre y le pidieron que les enviara fotos de un cuaderno donde estaban anotadas las claves privadas de esa billetera. “Estos mensajes se conservan y constituyen prueba escrita directa de la conducta extorsiva”, escribió.
Marset también denuncia que el acta de su interrogatorio fue alterada: que su rechazo de las acusaciones en su contra fue registrado como admisiones, lo que constituye, en sus palabras, “un fraude de un documento oficial”. Pidió al juez Alston Jr. dos cosas muy concretas: que ordene al alguacil Timothy Alley que permita sin demoras el acceso de sus nuevos abogados al centro de detención, y que en futuros traslados se garantice que no vuelva a tener contacto con los agentes denunciados, “dado el riesgo que esto representa para mi seguridad e integridad”. Ninguna autoridad estadounidense ni boliviana se pronunció todavía sobre el contenido de la carta.
Las negociaciones
Lo que la misiva no necesita explicitar, pero que cualquiera que siguió el expediente desde marzo entiende de inmediato, es a quién está apuntando Marset cuando dice que sus abogados “se negaron a informar sobre estos hechos o a presentar mociones” para cuestionar al fiscal a cargo del caso.
Su defensa hasta ahora estaba integrada por un equipo de “pesos pesados” con base en Miami y Washington, encabezado por Gene Rossi, un exfiscal federal que construyó buena parte de su carrera litigando casos de narcotráfico y lavado de dinero precisamente en el Distrito Este de Virginia: el mismo tribunal donde ahora Marset es juzgado. La paradoja había sido, hasta este giro, uno de los costados más llamativos del caso: el hombre que mejor conocía las debilidades del sistema que lo acusaba era quien lo defendía.
Ese equipo había trazado, desde el primer día, una estrategia de contención. El 1 de abril, en la audiencia en la cual le leyeron formalmente los cargos, Marset renunció a su derecho a un juicio rápido —un gesto que abrió la puerta a que la fiscalía ampliara la acusación— mientras sus abogados negociaban en paralelo con el fiscal Anthony T. Aminoff, de la Unidad de Narcóticos y Lavado de Dinero.
La apuesta era ganar tiempo: cuanto más se postergara el proceso, más margen había para tantear un acuerdo de culpabilidad que evitara una imputación por narcotráfico, mucho más grave que el cargo actual de conspiración para lavado de dinero, que prevé hasta 20 años de cárcel.
Esa lógica de negociación silenciosa explotó esta semana: Marset echó a ese equipo —tanto a los abogados de Washington como a los de Miami— y lo reemplazó por dos nuevos representantes, Robert Feitel y Sandi S. Rhee, para quienes pidió acceso inmediato al penal de Alexandria.
El cambio de estrategia llega en un momento especialmente sensible del expediente. En la audiencia del 1 de abril, la fiscalía ya había insinuado que era “probable” presentar una acusación sustitutiva que ampliara los cargos actuales.
Hasta ahora, pese a que el escrito de la fiscalía menciona reiteradamente las actividades de narcotráfico de Marset —describe cómo movía cocaína desde Sudamérica hacia Europa con ganancias de hasta 17 millones de euros por un solo cargamento—, formalmente solo se lo acusa de lavado de dinero a través de bancos estadounidenses, en sociedad con su excontador Federico Santoro, ya condenado a 15 años de prisión por ese mismo tribunal.
La audiencia en la que se esperaba una decisión sobre ese punto, prevista para el 20 de mayo, fue postergada nuevamente: ahora está fijada para el próximo 1° de julio a las 10 de la mañana, con el objetivo declarado de darle tiempo a la nueva defensa para analizar la evidencia y una oferta de acuerdo de culpabilidad que la fiscalía ya puso sobre la mesa.
Es la quinta vez que la Justicia norteamericana corre la fecha. Cada postergación ha sido leída en Washington como una señal de que las negociaciones por un pacto de condena siguen abiertas, pero también revela las dificultades de un caso que involucra una organización transnacional con ramificaciones en al menos cinco países.
Lo que Marset decida en julio —pelear o negociar— podría determinar si la próxima etapa de su proceso se concentra solo en el circuito financiero que armó con Santoro o si la fiscalía consigue, finalmente, ponerle nombre de narcotraficante en la acusación.
Los tentáculos del “dueño” de la hidrovía
Marset, de 34 años, construyó desde los márgenes del Río de la Plata una organización —el Primer Cartel Uruguayo, cuya sigla, PCU, lleva tatuada— que llegó a controlar una de las rutas de cocaína más rentables del mundo, con base operativa en Bolivia y Paraguay y ramificaciones hacia Europa.
Antes de su captura, la DEA ofrecía dos millones de dólares por información que condujera a su arresto y lo describía como un “narcotraficante transnacional con base en Sudamérica”. Pesaban sobre él pedidos de captura de cinco países y figuraba entre los objetivos prioritarios de Europol, Interpol y la propia DEA.
También fue señalado, sin imputación formal, por su presunta vinculación con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en 2022, uno de los crímenes más resonantes de la región en la última década.
La Argentina, y puntualmente la zona de Rosario, no es un punto menor en ese mapa criminal: la sigla PCU apareció estampada en panes de cocaína hallados en la isla El Chaparro, frente a Victoria, mucho antes de que las autoridades argentinas registraran formalmente la presencia de la organización en el país, lo que confirma que el corredor de la Hidrovía Paraná-Paraguay operaba como ruta de tránsito de su droga años antes de que su nombre apareciera en los expedientes judiciales.
Su detención, el 13 de marzo en un barrio de Santa Cruz de la Sierra, fue presentada por el gobierno boliviano como un éxito de cooperación regional entre la Felcn, la DEA y las policías de Uruguay y Paraguay.
Marset, en cambio, la describe en su carta como una entrega “irregular”, sin orden de allanamiento ni de arresto, ejecutada a las tres de la madrugada y resuelta en horas: ese mismo día ya estaba siendo trasladado en avión hacia territorio estadounidense.
Lo que queda planteado, a partir de esta semana, es una disputa que excede lo estrictamente judicial. Marset construyó su poder corrompiendo funcionarios —llegó a acusar públicamente al exdirector de la Felcn boliviana de haberle avisado en 2023 que su orden de arresto ya estaba firmada— y ahora, desde la cárcel, intenta voltear esa misma lógica contra quienes lo capturaron.
Si la denuncia contra los agentes Greisen y Ganzel avanza o se diluye sin consecuencias, podría convertirse en la primera gran prueba de cuánto margen real tiene un capo narco sudamericano para cuestionar el operativo de su propia caída ante un tribunal federal estadounidense.
La audiencia del 1° de julio, mientras tanto, sigue siendo la fecha que todos —fiscalía, defensa y el propio Marset— miran como el verdadero punto de quiebre del proceso.
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