Condenan a un excomisario que dirigía la lucha antidrogas en Corrientes y protegía a la banda narco que debía investigar

ROSARIO. El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a once personas como integrantes de una red de venta de drogas que operó durante un año en la capital provincial bajo el paraguas del jefe policial encargado de perseguir el narcotráfico. El fallo, dictado por el juez Fermín Amado Ceroleni mediante juicio abreviado, tras una profunda investigación de la fiscalía federal, dejó al descubierto la trama de complicidades estatales que sostiene el negocio narco en esa región.

La figura central no es el líder de la banda, Saúl Fabián Maciel, alias “Vintu”, condenado a seis años de prisión. Es Luciano Ramón Vallejos, comisario general de la Policía de Corrientes, que primero dirigió la Dirección de Drogas Peligrosas y luego la Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito.

Según el fallo, Vallejos tenía a su cargo desde el 1° de septiembre de 2022 una investigación dirigida específicamente contra Maciel por comercialización de estupefacientes. En lugar de avanzar, mantuvo contacto telefónico directo y no documentado con el propio investigado, le explicó los procedimientos policiales que se preparaban en su contra y dilató durante meses el pedido de allanamiento, según expuso oportunamente el fiscal federal Carlos Schaefer.

Vallejos simuló que investigaba esta red narco luego de enterarse de que otra fuerza federal —la Policía Federal— investigaba en paralelo los mismos hechos.

El tribunal tuvo por probado que, sin esa asistencia, la banda no habría podido operar durante tanto tiempo. La sentencia habla de un “vínculo estrecho” entre el comisario y el narco, a partir de escuchas telefónicas que resultaron determinantes para probar la relación.

El allanamiento en la casa de Vallejos, en la calle Barranqueras 2810, también aportó lo suyo: allí, los efectivos secuestraron seis armas de fuego —entre ellas una Bersa Thunder 380, una FM Hi-Power 9 milímetros y un revólver Jaguar .38— y cajas con más de un centenar de municiones. Vallejos tenía la credencial de legítimo usuario vencida desde octubre de 2019 y una inhabilitación registrada por el Renar. Un jefe policial con amplio conocimiento de la normativa tenía un arsenal ilegal en su dormitorio y sus permisos vencidos.

A pesar de ese cuadro, Vallejos no irá preso: fue condenado a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta por dos años, como autor de tenencia ilegítima de armas de guerra en concurso ideal con incumplimiento de la obligación de promover la represión del delito (artículo 274 del Código Penal).

En el acuerdo de juicio abreviado, la fiscalía —representada por el fiscal general Carlos Schaefer y la auxiliar fiscal Tamara Pourcel— suprimió la imputación original como partícipe necesario en el comercio de estupefacientes; el requerimiento de elevación a juicio lo colocaba dentro de la estructura narco. La readecuación imputativa redujo su responsabilidad a la de un funcionario que omitió perseguir el delito.

El mismo criterio alcanzó a Luis González, alias “Batata”, identificado en la investigación como la “mano derecha” del comisario. Fue condenado a dos años en suspenso por portación de arma de fuego de uso civil: cuando lo allanaron, llevaba entre sus ropas una pistola calibre .32 sin numeración, cargada con cinco balas. La agravante por su pasado policial no se aplicó porque el acuerdo no acreditó que estuviera en actividad al momento del hecho.

La banda de Maciel era una estructura familiar y barrial. Operaba desde departamentos del barrio 536 Viviendas y desde otros domicilios de la capital correntina, con ramificaciones en Resistencia y Presidencia Roque Sáenz Peña, en Chaco. Vendían cocaína y marihuana al menudeo, con guarda, fraccionamiento y traslado entre inmuebles.

Junto a “Vintu” fueron condenados a cuatro años su pareja, Susana Muñoz; su hijo Braian Acuña, alias “Poli”, y su sobrino Jorge Maximiliano Maciel, alias “Koki”. Completan la lista Ubaldo Valdez, alias “Negro”, y el brasileño Cristian Baldoni, ambos con cinco años de pena y declarados reincidentes, la igual que “Vintu” y Marcos Luque, también condenado a cinco años.

Nancy Acosta y Marcelo Lhotak recibieron tres años de prisión en suspenso como partícipes secundarios del delito de comercialización de estupefacientes. En los allanamientos del 14 y 15 de agosto de 2023 se secuestraron, según los peritajes químicos, 2784 gramos de marihuana y 13,67 gramos de cocaína, además de armas y municiones en casi todos los domicilios.

Los fiscales también quitaron la agravante por la intervención organizada de tres o más personas: entendieron que, aunque los imputados se comunicaban entre sí y se visitaban, cada uno comercializaba de manera independiente, sin la división funcional de roles. Esa lectura, admitida por el tribunal, redujo las escalas penales de todo el grupo.

Corrientes es el corredor de entrada de la marihuana paraguaya que baja por la hidrovía y las rutas del nordeste hacia Rosario, Córdoba y Buenos Aires.

En 2017, el operativo Sapucay expuso a Itatí como un municipio capturado por el narcotráfico, con su intendente y su viceintendente detenidos. Después llegó la condena del exjuez federal Carlos Soto Dávila, que desde el Juzgado Federal N°1 de Corrientes garantizaba impunidad a narcotraficantes a cambio de dádivas, con sus secretarios y un grupo de abogados. Ahora, la cadena de protección se verifica en el eslabón policial: el director de Drogas Peligrosas trabajaba para los del otro lado del mostrador.

No es el único caso de un policía provincial que tiene un pie a cada lado de la raya que divide la legalidad del delito.

En las últimas horas, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal desarticularon una organización dedicada al tráfico de estupefacientes. En el operativo detuvieron a dos mujeres a las que les secuestraron más de 37 kilos de cocaína. Una de las detenidas es una policía correntina que, según se estableció en la pesquisa, colaboraba con el traslado de la droga desde Chaco hasta la capital provincial.

Según informó la Policía Federal, la causa comenzó a principios de este año, impulsada por el Área de Investigaciones y Litigios de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Corrientes, a cargo de la auxiliar fiscal Pourcel.

Detectives de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Corrientes realizaron durante cuatro meses diversas pesquisas, como tareas de inteligencia criminal, vigilancias fijas y móviles, análisis de información e intervenciones telefónicas; ese trabajo les permitió identificar a los integrantes de la organización, reconstruir su funcionamiento y localizar los inmuebles utilizados para el acopio, fraccionamiento, transporte y comercialización de la cocaína en la ciudad de Corrientes, se informó oficialmente.

La reunión de información sirvió de base para la realización de siete allanamientos en distintos puntos de la capital provincial, al cabo de los cuales fueron detenidas la oficial de policía correntina y otra mujer y se secuestraron 37 kilos de cocaína, una pistola calibre 9 milímetros, tres motos, celulares, balanzas de precisión usadas para el fraccionamiento de la droga y su venta al menudeo, e incluso un dispositivo electrónico de cobro.

Por Germán de los Santos

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