Noticias del EAD y el TPS: la regla del Uscis para miles de venezolanos que rige hasta el 2 de octubre
Una disposición del organismo mantiene la validez de determinados documentos migratorios y permisos de trabajo para un grupo de beneficiarios
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LA NACION
La situación de los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) volvió a cobrar relevancia luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos avalara la facultad del Departamento de Seguridad Nacional para poner fin a estas designaciones. En el caso de Venezuela, sin embargo, existe una disposición específica que mantiene vigentes ciertos documentos.
Qué documentos del TPS y el EAD siguen válidos
La medida contempla a quienes participaron en la reinscripción correspondiente a la extensión de la designación venezolana de 2023, posteriormente cancelada, siempre que sus documentos hayan sido expedidos en o antes del 5 de febrero de 2025.
De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), entre la documentación alcanzada por esta protección se encuentran:
- Los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés)
- Los formularios I-797 (Notificación de Acción)
- Los I-94 vinculados al TPS
Todos ellos conservarán su vigencia hasta el 2 de octubre bajo las condiciones fijadas por la orden judicial. Esta continuidad documental no modifica la decisión adoptada respecto del programa, sino que garantiza la validez de esos registros durante el período establecido por la resolución del Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de California, emitida el 30 de mayo de 2025.
La cancelación del TPS para Venezuela y el alcance del fallo
El mantenimiento temporal de esos documentos ocurre en un contexto marcado por la cancelación del TPS para Venezuela. La secretaria de Seguridad Nacional en ese entonces, Kristi Noem, concluyó que el país ya no reunía las condiciones necesarias para conservar esa protección migratoria.
Posteriormente, la Corte Suprema permitió que la cancelación de la designación venezolana de 2023 entrara en vigor de manera inmediata, mientras que la designación original de 2021 quedó sin efecto el 7 de noviembre de 2025.
De esta manera, aunque parte de la documentación continúa con su validez hasta octubre, el programa dejó de estar vigente para las designaciones canceladas conforme a las decisiones adoptadas por el Ejecutivo y respaldadas por el máximo tribunal.
Extensión automática para otros permisos de trabajo
El Uscis también previó un mecanismo para otros beneficiarios venezolanos cuyos permisos de trabajo presentaron fechas de vencimiento originales del 2 de abril de 2025 o del 10 de septiembre de 2025.
En estos casos, la autorización laboral pudo extenderse automáticamente por un período de hasta 540 días, siempre que el interesado presente el EAD junto con el comprobante de recepción del formulario I-765 emitido antes del 6 de febrero de ese año. Este procedimiento permite demostrar que la autorización para trabajar continúa vigente mientras se cumplen los requisitos establecidos por la normativa migratoria.
Cómo impacta la decisión de la Corte Suprema en los países con TPS
La resolución emitida por la Corte Suprema el 25 de junio fijó un precedente sobre el alcance de las facultades del DHS para finalizar las designaciones del TPS. Según el criterio del tribunal, los jueces federales no pueden dejar sin efecto esa determinación administrativa.
El impacto inmediato alcanzó a países como Haití y Siria, cuyos beneficiarios quedaron expuestos a perder tanto la protección migratoria como la autorización para trabajar en EE.UU. Al mismo tiempo, la decisión incrementó la posibilidad de que otras designaciones también puedan ser canceladas mediante el mismo procedimiento.
Entre los países cuyas protecciones fueron revocadas o permanecen bajo revisión figuran:
- Venezuela
- Afganistán
- Birmania (Myanmar)
- Camerún
- Etiopía
- Honduras
- Nepal
- Nicaragua
- Somalia
- Sudán del Sur
- Yemen
Según el Uscis, las personas afectadas y con riesgo a la deportación pueden analizar otras alternativas previstas por la legislación migratoria, entre ellas distintas categorías de residencia permanente, siempre que reúnan los requisitos establecidos para iniciar esos procesos.
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