SOLICITADA. El Congreso promueve más impuestos para los servicios de comunicaciones
El actual Congreso impulsa un impuesto del 1% sobre la facturación de Internet, telefonía y TV paga para financiar el deporte. Esta medida avanzó sin escuchar al sector ni al ENACOM y hoy no refleja la nueva conformación parlamentaria, poniendo en riesgo la inversión y la competencia de las empresas que invierten y el bolsillo de todos los usuarios
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La industria de servicios TIC -incluidos TV paga, internet y telefonía fija y móvil- rechaza de plano el proyecto de ley que pretende imponer un cargo del 1% sobre la facturación neta de IVA de estos servicios para financiar una política pública ajena a la conectividad, como es el deporte olímpico.
El fomento al deporte olímpico tiene un valor social innegable. Por eso merece una partida específica dentro del Presupuesto Nacional, junto a una política de Estado que asegure su desarrollo y una adecuada trazabilidad de gastos y recursos. La industria y sus clientes ya aportan un porcentaje en concepto de impuestos internos a esta actividad.
Los servicios TIC son fundamentales para estudiar, trabajar, innovar y producir. Más del 40% de sus costos son impuestos. Incorporar un nuevo impuesto va a encarecer la factura de los usuarios y reducir recursos para invertir en ampliar redes, mejorarlas y mantener a la Argentina conectada con calidad y equidad.
Una decisión tomada sin diálogo y sin fundamentos técnicos.
El proyecto avanza desoyendo el pedido de diálogo de la industria y sin convocar a los especialistas para evaluar su impacto real.
Además, es importante destacar que el ENACOM, autoridad de control del sector y responsable de velar por la calidad, la competencia y los derechos de los usuarios, tampoco ha sido consultado al respecto. Sin esa mirada técnica, la decisión carece de legitimidad, vulnera la seguridad jurídica y debilita la confianza inversora.
La industria TIC solicita al Congreso Nacional que desista de avanzar con este proyecto que atenta contra su desarrollo y que contemple el financiamiento de la actividad olímpica dentro del Presupuesto Nacional, que ya tiene tratamiento parlamentario.

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