Según lo que trascendió en medios locales, la persona reveló a la Policía que se dirigió a la casa situada en City Bell, entre calles 473 bis y 14B, para usurparla, al notar que el inmueble parecía abandonado.

Tras forzar la entrada, encontró en una de las habitaciones a un hombre muerto en posición fetal. De acuerdo a El Día, realizó la denuncia en forma inmediata en la Comisaría Décima.

El personal policial se acercó a la casa y logró identificar a la víctima por una facturas de luz. Se trata de Jorge Alberto Quintanilla, un jubilado de 76 años.

De acuerdo a lo declarado por los vecinos, hacía aproximadamente seis meses que no se veía al hombre por el barrio. Además, indicaron que vivía solo y que aparentemente no contaba con familiares o amigos cercanos.

Los peritos de la Policía Científica llevaron a cabo las tareas de rigor y constataron que no había elementos violentados, por lo que la principal hipótesis de los investigadores es de una muerte natural, sin intervención de terceros.

Según consignó el diario local El Día, la Justicia inició una investigación por “averiguación de causales de muerte”, en una causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Nº 17.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial y se espera que en las próximas horas se realice una autopsia para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Un vecino ahuyentó a los tiros a dos delincuentes

La semana pasada, un hombre disparó contra delincuentes que intentaron ingresar a su propiedad en la localidad platense de San Carlos, lo que provocó que los agresores se dieran a la fuga.

El intento de entradera ocurrió en la zona de 34 y 140, donde el vecino, al advertir cómo dos ladrones en bicicleta intentaban ingresar a su vivienda, abrió fuego para ahuyentarlos.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona. En el video se observa cómo los sospechosos escapaban del lugar a las corridas, mientras se escuchaban varias detonaciones, gritos e insultos.

Todo sucedió a la altura del peaje Hudson de la autopista Buenos Aires-La Plata durante un operativo de control del que participaban agentes del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y personal de Autopistas de Buenos Aires SA (Aubasa).

“Durante el operativo, los agentes detectaron que una camioneta circulaba sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente. Al ser detenida para confeccionar el acta correspondiente, el conductor, de 32 años, reaccionó de forma violenta: arrebató el talonario oficial utilizado para labrar las infracciones, corrió hacia uno de los inspectores y le sustrajo la cámara corporal (conocida como bodycam) que llevaba colocada en el uniforme. Inmediatamente después volvió a subir al vehículo y escapó a alta velocidad“, informó el Ministerio de Transporte bonaerense en un comunicado de prensa.

Toda la secuencia quedó filmada por la bodycam del inspector de tránsito. La VTV había vencido en mayo pasado. Cuando el agente de tránsito labraba el acta y le informaba al infractor que le iban a tener que retener la cédula de conducir, el automovilista reaccionó de forma violenta.

“¿Cómo?“, preguntó el conductor. “No amigo, me la tiene que devolver”, sostuvo y le sacó el acta. Después amenazó con llamar a la policía e insistió: “No me pueden retener la cédula [de conducir]”.

Tras volver sobre sus pasos y exigir que le devolvieran la licencia de conducir, le arrebató la bodycam al agente de tránsito. Después se subió a la camioneta y escapó a toda velocidad.

La cámara corporal, que el infractor se descartó, fue recuperada a partir de los datos aportados por el geolocalizador.

“El Ministerio de Transporte hizo la denuncia correspondiente y puso toda la información y las actuaciones a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación. Asimismo, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial dispuso la inhabilitación de por vida del conductor para conducir, en virtud de la gravedad de los hechos y del riesgo que su accionar representó tanto para los agentes como para el resto de los usuarios de la vía”, se agregó en el citado comunicado de prensa.

Por su parte, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, dijo: “No vamos a permitir que quienes atacan a los trabajadores que cumplen con su deber queden impunes. Cada control que realizamos tiene un único objetivo: cuidar la vida de los bonaerenses y hacer cumplir las normas que garantizan una circulación más segura”.

Los empleados del lugar, que no opusieron resistencia, fueron reducidos y encerrados en una oficina interna del complejo Jano’s Los Naranjos, que se encuentra sobre la ruta 88, en el acceso sur a esta ciudad y con un entorno en el que predominan establecimientos comerciales e industriales.

Según pudo confirmar LA NACION de fuentes de la investigación, los asaltantes llegaron en dos motocicletas. Se especula que hubo un cuarto cómplice, que permaneció en el exterior del salón, junto a las motos. Accedieron al lugar por la puerta de acceso principal, que se encontraba abierta. Esta condición estaría relacionada con los preparativos de la fiesta privada que se realizaría allí el miércoles por la noche.

El fiscal Fernando Berlingeri, a cargo de la causa, tomó declaración a las víctimas y requirió registros de cámaras de seguridad del lugar, además de solicitar a establecimientos de las inmediaciones y al Centro de Ordenamiento y Monitoreo municipal otras imágenes de la vía pública que puedan aportar a la reconstrucción de los movimientos de este grupo comando, tanto en el arribo al lugar como en la fuga.

Al ingresar al salón, fueron rápidos para reducir a la encargada del lugar. La pesquisa mantiene por ahora una operatoria con tres delincuentes dentro del lugar y un cuarto que se quedó en una de las motos que utilizaron.

El objetivo que señalaron fue la caja fuerte del complejo. De allí obtuvieron una suma de dinero en efectivo que, según primeras estimaciones, rondaría los siete millones de pesos.

Según describieron las víctimas, se fueron entre amenazas, siempre con al menos un arma en mano, pero sin acciones violentas contra los empleados del lugar, que eran seis en esos momentos, a última hora de la tarde, ya casi sin luz diurna.

Una particularidad advertida por los investigadores es que los delincuentes prescindieron de llevarse otros valores, como teléfonos celulares de los trabajadores o alguna computadora que se utiliza en el lugar con fines administrativos. Trascendió que había algo más de dinero en el local que tampoco se llevaron.

Se conocieron también detalles de las motocicletas que utilizaban, que eran dos de baja cilindrada, por lo que se empieza a descartar que se trate de una banda con mucha organización; la hipótesis se orienta mucho más a que los asaltantes contaban con algún dato preciso sobre la dinámica del lugar que eligieron como objetivo.

El salón de fiestas Jano’s Los Naranjos se encuentra en el kilómetro 3,3 de la ruta 88, que permite llegar desde Mar del Plata hasta Necochea. Es un reconocido espacio que tiene un amplio espacio cerrado en el perímetro, pero a cielo abierto en el frente del edificio, donde se desarrollan los eventos.

La zona tiene antecedentes de hechos delictivos de este tipo, con acciones ágiles y rápidos escapes de los delincuentes.

Hace casi un año, cuatro delincuentes que portaban armas cortas y largas entraron en una empresa que se dedica a la comercialización de gas envasado que tiene sus instalaciones a la altura del kilómetro 5,5 de la ruta 88 y se llevaron casi 25 millones de pesos. Llegaron y escaparon en un automóvil.

Los resultados de los estudios toxicológicos fueron entregados ayer a la fiscal Carolina Asprella, que conduce la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez y que está a cargo del expediente donde se investigan las circunstancias alrededor de la muerte de Pais.

“Fue un siniestro sin culpas de terceras personas. La hipótesis de la investigación es que todo ocurrió por una maniobra imprudente de la víctima, que cruzó el paso a nivel con las barreras bajas, a pesar de que el motorman hizo sonar la bocina. Los resultados de los peritajes toxicológicos permiten sostener que la imprudencia no obedeció al hecho de haber consumido alcohol u otro tipo de sustancias”, afirmó a LA NACION una calificada fuente con acceso al expediente.

Con esto, la causa judicial podría estar próxima a cerrarse. Solo faltaría tomar un par de declaraciones testimoniales, dijeron los voceros consultados.

Pais, de 54 años, falleció el 26 de junio pasado a las 19.24 cuando su Honda City negro fue embestido por una formación del Tren de la Costa en el paso a nivel situado a la altura de la calle Sáenz Peña, en la zona conocida como Barrancas de San Isidro.

Según calificadas fuentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cruzó las vías con las barreras bajas y recibió el impacto en la puerta delantera izquierda.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la Municipalidad de San Isidro, que confirma que la conductora, que circulaba por la calle Elcano y dobló por Sáenz Peña en dirección a la avenida del Libertador, cruzó cuando las barreras estaban bajas y el paso del convoy era inminente.

“En el video se observa que la conductora del vehículo cruza las vías en diagonal, es decir, con la intención de esquivar las dos barreras. También se escuchó la bocina del tren cuando estaba por llegar al paso a nivel. Eran las 19.24”, habían dicho en su momento fuentes del caso.

Pais se dirigía al teatro Niní Marshall, de Tigre, para actuar en la obra “El divorcio del año”, dirigida por José María Muscari.

Pocas horas después del accidente se conocieron los resultados preliminares de la autopsia, que se hizo en el Hospital Interzonal General de Agudos Petrona V. Cordero, en San Fernando. El informe forense reveló que Pais había muerto como consecuencia de un traumatismo grave de cráneo.

“La causa inmediata de muerte fue un traumatismo encefalocraneano grave. Además, el informe preliminar de la autopsia determinó una laceración hepática como causa mediata, es decir, una lesión en el hígado, y una laceración esplénica como causa básica, o sea, un daño en el bazo”, agregaron fuentes al tanto del resultado de la necropsia, que estuvo a cargo de la Delegación Departamental de la Policía Científica de San Isidro.

Durante la autopsia se tomaron muestras de orina y de sangre para realizar estudios toxicológicos, cuyos resultados se conocieron en las últimas horas.

Prieto Fasano, de 37 años, es hijo de la exjueza de San Isidro Lidia María Fasano. Según informaron fuentes de la investigación a LA NACION, la policía lo arrestó cuando salía de un departamento; iba acompañado por su madre y su hermano y se movilizaba en silla de ruedas, lo que evidencia que presentaba lesiones, eventualmente producto del siniestro ocurrido el sábado a las 0.21, a la altura del kilómetro 17 de la Panamericana en la mano que conduce a la capital, casi enfrente del shopping Unicenter, de Martínez, San Isidro.

Según pudo reconstruir LA NACION, un Volkswagen Polo gris oscuro conducido por Ivonne Pamela Escobar Camacho, de 31 años, domiciliada en la localidad bonaerense de Garín, y con una pasajera en el asiento trasero, se quedó detenido en uno de los carriles centrales de la autopista, por motivos que aún son objeto de peritajes.

Según se ve en las imágenes de cámaras de seguridad de la zona, el auto estaba detenido con las balizas encendidas en un momento en que el tránsito era fluido y escaso. Varios coches pasaron por los carriles laterales hasta que fue embestido desde atrás por la camioneta Hyundai Creta gris que manejaba Prieto Fasano.

El impacto fue de tal magnitud que la conductora sufrió lesiones letales y murió en el lugar, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia. En cambio, la pasajera resultó gravemente herida y fue trasladada al Hospital Central de San Isidro, donde permanecía internada en el área de terapia intensiva. Su identidad no fue suministrada públicamente.

Luego de la tragedia, la investigación se centró en lo ocurrido inmediatamente después del choque.

Según el informe policial incorporado a la causa, el conductor de la Hyundai Creta no se quedó en el lugar de los hechos. De acuerdo con las actuaciones, abandonó el lugar a bordo de otro vehículo conducido presuntamente por una familiar, también abogada, que llegó instantes después del siniestro.

Es por eso que los investigadores intentan determinar quién fue la persona que lo sacó de la escena y en qué circunstancias se produjo esa maniobra, que, entre otras medidas, impidió que le realizaran a Prieto el test de alcoholemia y que eventualmente quedara detenido.

Mientras, los peritos de la Policía Científica realizaron los trabajos de rigor sobre la calzada para reconstruir la mecánica del accidente y establecer la velocidad de circulación del Hyundai y cualquier otro elemento que permita determinar eventuales responsabilidades.

El miércoles, policías de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires mantuvieron una reunión de trabajo con la fiscal Carolina Asprella, de la Unidad Funcional de Instrucción de Martínez. El objetivo era desplegar tareas de campo e inteligencia para establecer dónde estaba Prieto Fasano.

Los detectives lograron determinar que había dos domicilios donde el abogado podría haberse ocultado: uno en San Isidro y otro en Palermo. Se montaron vigilancias ininterrumpidas sobre ambos objetivos hasta que este jueves, cerca del mediodía, vieron salir a Prieto Fasano en silla de ruedas junto a su madre y su hermano. Lo detuvieron de inmediato.

El abogado quedó alojado en dependencias de la policía bonaerense, a disposición de la fiscal Asprella y del juez de Garantías N°4 de San Isidro, Esteban Eduardo Rossignoli.

El descargo de Prieto Fasano

Prieto Fasano es abogado laboralista, profesor en la Universidad de Buenos Aires y publicista jurídico. Además, integra el Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI), donde se desempeña como director de Relaciones Institucionales.

En sus redes sociales −que cerró luego de este mortal siniestro− solía compartir imágenes junto a dirigentes políticos y referentes religiosos. Una de sus últimas publicaciones antes de dar de baja sus cuentas se refería a un viaje al Vaticano donde mantuvo un encuentro con el Papa León XIV.

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, Prieto Fasano aseguró mediante un comunicado que circulaba “normalmente” cuando se encontró “de manera totalmente inesperada con un vehículo que se había descompuesto y permanecía completamente detenido en el medio de la autopista”.

En ese mismo escrito, el abogado amplía: “El auto, de color negro y con vidrios polarizados, no contaba con ningún tipo de señalización que advirtiera el peligro. No había triángulos de emergencia ni ninguna otra medida preventiva que permitiera detectar con anticipación la presencia de un vehículo inmovilizado”.

Por último, apuntó contra la concesionaria de la autopista al sostener que tampoco existía “ningún tipo de advertencia previa para quienes circulábamos, ni personal asistiendo a la emergencia ni señalizando el lugar”, y remarcó la ausencia de medidas de seguridad en el lugar del hecho. “Afortunadamente hoy puedo contar lo sucedido, pero las consecuencias pudieron haber sido mucho más graves. La falta de señalización y de medidas de seguridad frente a un vehículo detenido en plena autopista puso en riesgo no solo mi vida, sino también las de muchas otras personas que circulaban por ese lugar”, agregó.

De acuerdo con el parte policial al que accedió LA NACION, entre las medidas ordenadas se encuentran los peritajes accidentológicos sobre ambos rodados, además de la toma de declaraciones testimoniales para reconstruir los minutos previos al choque.

La fiscal Asprella caratuló la Instrucción Penal Preparatoria (IPP) N° 14-03-1660-26/00 como “homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo automotor en concurso real con lesiones culposas graves agravadas por la conducción de vehículo automotor”. Se espera que indague por esos delitos a Prieto Fasano en las próximas horas.

El violento ataque de motochorros ocurrió en el barrio Calabria, de San Isidro. Si bien ocurrió el lunes 29 de junio pasado, cerca de las 16, las imágenes se viralizaron ayer a partir de una publicación del sitio de noticias 24con en su perfil de la red social X.

Fuentes policiales dijeron a LA NACION que no hubo denuncia por parte del dueño del vehículo que estaba estacionado sobre la calle Laprida.

“Se trata de una típica modalidad de los motochorros dedicados a las salideras bancarias. Seguramente siguieron al dueño del auto desde que salió de un banco o de una financiera y habrán pensado que bajó del vehículo sin el bolso o sin la mochila donde había guardado el dinero”, explicaron las fuentes consultadas.

En el video difundido por el citado sitio de noticias se observa cómo un vecino que pasaba por el lugar salió corriendo cuando se cruzó con los motochorros.

Fuentes del municipio dijeron a LA NACION que un móvil de la Patrulla Municipal de San Isidro, tras una llamada de un vecino, se hizo presente en el lugar.

“Pero la víctima no quiso hacer la denuncia. Solo dijo que le habían sacado 3 millones de pesos del auto. Todo indica que el dueño del auto pudo haber sido ‘entregado’, es decir, que los ladrones tenían información de que en el auto había una suma importante de dinero”, dijeron las fuentes consultadas.

A pesar de que no era el objetivo de los tres delincuentes en moto que llegaron a Abdala al 3400 para robarle el Volkswagen Gol a un automovilista, salió de su casa al escuchar los gritos e intentó defender al conductor del vehículo.

El vecino, que habría sido identificado por fuentes policiales como Lucas Galván, de 43 años, arrojó un martillo contra los ladrones, que le dispararon una ráfaga de balazos.

Uno de los proyectiles que dispararon los asaltantes para obligar a los habitantes de la cuadra a que no activaran la alarma vecinal hirió en la pierna a la víctima, que falleció en el Hospital Paroissien.

El violento episodio, que quedó grabado en las cámaras de seguridad de la zona, ocurrió el lunes a las 20.40, cuando tres delincuentes que circulaban a bordo de una moto llegaron a Abdala al 3400 e interceptaron al conductor de un Volkswagen Gol blanco que llegaba al lugar.

Dos de los asaltantes descendieron de la moto y apuntaron con armas al conductor del vehículo, que pedía que no lo mataran. Al mismo tiempo, uno de los ladrones disparó al aire para amedrentar a los vecinos.

Uno de los habitantes de la cuadra, de 43 años, al escuchar los tiros, salió a la vereda para defender al dueño del Volkswagen Gol blanco e intentó poner en fuga a los delincuentes.

Tan violentos fueron los asaltantes que nunca dejaron de disparar. Ante los balazos, el vecino volvió sobre sus pasos, cerró la puerta de reja y tomó un martillo, que arrojó al delincuente que huyó en el auto luego de quemar los neumáticos al acelerar. Los otros asaltantes huyeron por Abdala en dirección contraria.

Galván, herido en la pierna, fue trasladado al hospital Paroissien, de La Matanza, donde falleció debido a que el balazo le habría afectado la arteria femoral.

Con respecto al vehículo, fuentes policiales indicaron que fue abandonado en la esquina de Espinosa y Parral, a solo 600 metros de la escena del crimen.

Durante las últimas horas, a partir de la revisión de las cámaras de seguridad de la zona en la que mataron al vecino y de las adyacencias del lugar del hallazgo del Volkswagen Gol que los delincuentes robaron, los investigadores policiales y judiciales lograron obtener imágenes de los sospechosos y de la moto negra que usaron para concretar el raid de sangre y muerte.

El crimen del vecino del barrio San Alberto no se trató de un episodio aislado. Según la estadística oficial sobre la cantidad de investigaciones penales iniciadas en la Justicia, La Matanza, el municipio más extenso del conurbano y departamento judicial único, tiene la tasa más alta de homicidios a nivel provincial, con 8,02 hechos cada 100.000 habitantes.

La sucesión de homicidios en La Matanza tuvo uno de los momentos más sangrientos el 15 de marzo pasado, cuando, con pocas horas de diferencia fueron asesinados el remisero Eduardo Gómez y el docente Cristian Pereyra. Ambos fueron dos de las cuatro víctimas de homicidios de ese fin de semana de marzo en La Matanza.

Tanto Gómez como Pereyra fueron asesinados durante asaltos.

Gómez fue interceptado cuando estaba por llegar a la remisería para la que trabajaba. Gómez intentó defenderse del ataque. Recorrió dos cuadras desde su casa, en San Justo, cuando fue interceptado por dos delincuentes que se movilizaban en una moto.

Según quedó registrado por una cámara de seguridad, hubo un forcejeo entre Gómez y uno de los delincuentes. En las imágenes se puede observar cómo la víctima intentó pegarle al motochorro pero cayó en la calle.

Al ver a Gómez indefenso, el asaltante aprovechó para apoderarse del teléfono celular de la víctima. Entre el forcejeo y el momento en que Gómez cayó al asfalto el ladrón disparó su pistola calibre 11.25.

El remisero resultó gravemente herido en la pierna izquierda. Fue trasladado al hospital Paroissien, de Isidro Casanova, donde fue atendido en la sala de guardia. Aunque los médicos no pudieron hacer nada para salvar su vida debido a la cantidad de sangre que perdió.

Pereyra, de 39 años, docente de escuelas técnicas y que trabajaba como chofer de una aplicación de viajes para juntar el dinero para pagar la renovación de la casa que alquilaba, fue asesinado durante el robo de su automóvil.

El docente malherido fue hallado en la calzada de la Autopista Presidente Perón a pocos metros del cruce con la Ruta 3. La víctima alcanzó a decirle a los policías que lo habían asaltado y que se llevaron su Chevrolet Corsa.

Al revisar el listado de la aplicación de viajes, los investigadores policiales y judiciales, establecieron que el último pasajero en abordar el automóvil de la víctima fue un policía que habría sido identificado como Matías Vizgarra, quien se desempeña en la sede de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), en Ciudad Evita. Fue detenido por ese homicidio en ocasión de robo.

Ángel Dávila, en tanto, fue la tercera víctima de la sucesión de homicidios ocurridos en territorio matancero entre el 14 y 15 de marzo pasados. Fue asesinado al quedar en medio de una pelea entre vecinos, en Laferrere.

Mientras que la víctima del cuarto crimen fue un transa al que mataron en el contexto de un ajuste de cuentas por la venta de drogas.

Todo comenzó el 31 de enero pasado, cuando un vecino del barrio porteño de Belgrano denunció el robo de su Honda Civic blanco. El hombre inició una búsqueda por su cuenta en distintas plataformas de compraventa de autopartes con la esperanza de encontrar algún dato sobre su vehículo.

Así fue que detectó una publicación que ofrecía repuestos de Honda Civic desde General Rodríguez. La coincidencia le generó sospechas y entonces informó de su hallazgo al juzgado interviniente, que derivó la investigación a la División Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía de la Ciudad.

A partir de ese dato inicial, comenzaron las pesquisas para reconstruir la actividad de los sospechosos mediante el análisis de publicaciones en internet, tareas de inteligencia y distintos relevamientos que permitieron identificar un taller mecánico, un presunto desarmadero y varios domicilios vinculados con esa operatoria ilegal.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº34, a cargo de la jueza Laura Bruniard, ordenó una serie de allanamientos mediante un exhorto tramitado ante el Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.

Uno de los procedimientos se realizó en un taller ubicado sobre la calle Intendente Colombraro al 500. Allí encontraron varios vehículos Honda que habían sido robados en la vía pública.

La hipótesis de los investigadores es que en ese taller los autos eran desarmados parcialmente, se modificaba su numeración identificatoria, se adulteraba el grabado de los cristales y luego se los preparaba para reintroducirlos en el mercado con documentación apócrifa o como fuente de repuestos.

Entre los vehículos secuestrados apareció el Honda Civic que había dado origen a la investigación. El auto presentaba adulteraciones en la numeración de los cristales, una maniobra habitual para dificultar su identificación.

En ese mismo inmueble también fueron hallados otros tres vehículos con pedido de secuestro vigente emitido por distintas dependencias de la Policía de la Provincia de Buenos Aires: dos Honda Civic requeridos por las comisarías de Beccar y Morón y un Honda Fit buscado por la comisaría de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora.

También fue incautado un capot de otro Honda Civic robado, cuya búsqueda había sido solicitada por la subcomisaría de 20 de Junio.

El segundo allanamiento se realizó en otro inmueble de General Rodríguez. Al llegar, los policías encontraron dos Honda Civic estacionados en el frente de la vivienda y, en el patio, varios vehículos de la misma marca parcialmente desmantelados y con faltantes de numerosas autopartes.

Tras verificar la documentación y los números identificatorios, los investigadores confirmaron que otro de los automóviles tenía un pedido de secuestro vigente por un hurto denunciado en octubre de 2022 e investigado por la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad.

Ante la magnitud del hallazgo, la jueza dispuso el secuestro de todos los vehículos que presentaban impedimentos legales y ordenó su traslado a una playa judicial para la realización de nuevos peritajes.

La sucesión de episodios de violencia comenzó ayer, a las 17.20, en La Reja, partido de Moreno. En la esquina de Santa María de Jesús al 2600, un cabo de la Policía Federal, que se desempeña en la División Seguridad del Poder Judicial de la Nación, fue herido de tres balazos cuando salió en defensa de un vecino.

A partir de la reconstrucción del sangriento hecho realizada por los investigadores policiales y judiciales se habría determinado que el policía, que estaba en su casa, escuchó el pedido de auxilio de un vecino que advirtió movimientos sospechosos en la casa de dos plantas de otro habitante de la cuadra.

Cuando ambos vecinos se acercaron a la vivienda que era asaltada, se encontraron con los asaltantes.

El efectivo, que estaba de franco en el momento del ataque, alcanzó a colocarse al lado de la camioneta en la que iban los delincuentes; se dio a conocer como integrante de una fuerza de seguridad e impartió la voz de alto.

Los asaltantes intentaron huir en la camioneta Honda gris del vecino en la que habían cargado los objetos de valor que le robaron, pero no pudieron avanzar porque, aparentemente, no sabían manejar un vehículo que tenía caja automática.

Entonces se inició un tiroteo que terminó con los dos asaltantes abatidos a un costado de la camioneta gris del dueño de la casa asaltada. Pero el uniformado, que habría sido identificado por fuentes policiales como Rodolfo Camaratta, resultó herido en el rostro, en un hombro y en el abdomen.

Uno de los vecinos grabó un video en el que un familiar auxiliaba al cabo que había quedado sentado en la calle de tierra, a pocos metros de los asaltantes que había abatido.

La sangre que salía del rostro donde tenía uno de los balazos había llegado a la camiseta del seleccionado argentino de fútbol. La familiar lo había levantado y le suplicaba que no se durmiera.

El policía fue llevado de urgencia al hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia. Luego de la operación, fue trasladado al hospital Churruca y quedó internado en la sala de cuidados intensivos, en estado delicado.

En poder de los asaltantes fueron secuestradas una pistola Glock calibre .40 y un revólver calibre .32 largo. El vecino asaltado indicó que uno de los ladrones le apuntó con un arma en la cabeza a su hijo de un año y medio para obligarlo a que entregara los objetos de valor que tenía en su casa.

Casi a la misma hora pero en City Bell, partido de La Plata, un efectivo de la Policía Federal que circulaba en su moto por el Camino Centenario mató a uno de los dos ladrones que le apuntaron con un arma para robarle.

Fuentes policiales indicaron que el violento episodio ocurrió en las adyacencias de la estación del tren de City Bell, cuando dos delincuentes emparejaron la marcha de un motociclista para robarle. No advirtieron que el conductor de la moto era un policía que estaba de civil. Cuando los asaltantes le apuntaron, el conductor de la moto se identificó como miembro de una fuerza de seguridad, impartió la voz de alto y disparó. Uno de los ladrones resultó abatido, mientras que su cómplice, herido de gravedad, fue trasladado al hospital San Roque, de Gonnet, donde quedó internado con custodia policial.

Al revisar la escena del violento episodio, los peritos de la División Policía Científica secuestraron la réplica de una pistola calibre 9 mm en poder de uno de los asaltantes y la pistola del mismo calibre que llevaba el efectivo de la Policía Federal.

En tanto, hoy, en la localidad de Gerli, en el partido de Avellaneda, un suboficial retirado de la Policía Federal, de 71 años, mató a uno de los dos delincuentes en moto que intentaron robarle el dinero que, minutos antes, había retirado de una casa de cambios.

De acuerdo con el relato del uniformado retirado, los dos delincuentes en moto lo habrían seguido cuando salió, acompañado de su pareja, de la casa de cambio situada en el centro de Avellaneda. Al llegar a su casa, subieron a la vereda con la moto, le apuntaron con un arma y le exigieron que entregara el dinero. Entonces, abrió el bolso que llevaba, sacó una pistola calibre .22 y abrió fuego contra el asaltante que le apuntaba.

El ladrón cayó mortalmente herido, mientras que su cómplice huyó en la moto en la que habían seguido al policía retirado desde la casa de cambio en el centro de Avellaneda hasta la casa, situada a diez cuadras de la zona conocida como Villa Sapito y a pocos metros de la avenida que costea las vías del viejo ferrocarril provincial.

Al revisar al sospechoso abatido, los técnicos de la División Policía Científica encontraron una réplica de metal de una pistola calibre 9 mm.

La menor, que tiene 7 años, fue liberada sana y salva por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Junín de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, según informaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense. Al conocerse el rapto de la menor, las autoridades habían lanzado una Alerta Sofía, para poner en conocimiento de la situación a la sociedad y de esa forma restringir el margen de movimientos del hombre buscado por asesinato y secuestro.

A partir del análisis de filmaciones de cámaras de seguridad, los investigadores pudieron reconstruir cómo hizo Bonafe para hacer los 90 kilómetros de distancia entre Junín y Pergamino, donde fue detenido.

Según las fuentes consultadas, Jonathan Videla, pareja de la víctima, salió de la casa para ir a a trabajar a las 5.07. “Cuatro minutos después, se lo ve a Bonafe saltar un paredón e ingresar en la casa. Tenía puesta una campera negra con capucha”, dijeron fuentes policiales.

El sindicado femicida quedó filmado por una cámara de seguridad privada salir de la casa de la víctima a las 7.57. Se fue caminando. Estaba con la niña.

A las 10.34, una cámara de seguridad lo captó en una moto por la ruta 188, a la altura de la localidad de Obligado, en el partido de Rojas. La niña viajaba con él.

A las 11.50, después de hacer dedo, Bonafe y la niña se subieron a un automóvil conducido por un docente, que los dejó a las 12.28 en el centro de Pergamino.

A las 12.33, a partir de filmaciones, se determinó que Bonafe y su ahijada ingresaron en un quiosco situado sobre la avenida de Mayo, en Pergamino.

A esa hora ya había sido descubierto el homicidio de Errapan. Fue Videla quien al regresar a su casa se encontró con el cuerpo de su mujer. Estaba boca abajo y a simple vista parecía tener una herida de bala.

Un móvil del Comando de Patrullas de Junín llegó a la escena del crimen tras una llamada al número de emergencias 911. La investigación del homicidio de Errapan quedó a cargo de la fiscal Fernanda Sánchez de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de Junín.

En un primer momento, Videla quedó demorado y se le preservó las manos con sobres de papel madera para ser sometidas a peritajes. Pero rápido quedó fuera de sospecha. Todas las pruebas reunidas colocaron como sospechoso a Bonafe.

Con los elementos de prueba reunidos se ordenó un allanamiento de urgencia en la vivienda del sospechoso, en Junín. “En el procedimiento se secuestraron cartas manuscritas en la que se detallaba el modus operandi del plan criminal y donde se hablaba de una posible fuga", dijeron fuentes policiales.

En el manuscrito hallado en la casa del sindicado femicida se decía: “Si querés quemar esto me haces un favor, pero te cuento cuál es mi plan. Matar a Mechi y a Jona e irme de Junín, irme para el lado de la pequeña. Sé que hay cámaras. Irme por tierra y después irme para La Pampa. Con el celular de la abuela estudié e hice el mapa y las calles que tengo que tomar. Espero que lo [palabra que no se entiende] antes que la policía. Como dije antes, las cosas malas le pasan a las personas buenas”.

En otros párrafos se puede leer: “Me cansé se ser bueno, de ser un hijo de Dios. Me cansé de esta vida de mierda. Les juró que nunca filmé a la nena [por la denuncia que hizo Errapan]. Siempre la respeté como si fuera mi hija. Pero hoy me estoy equivocando en hacer esto, pero como dije antes, me cansé”.

En otra carta escrita en letra cursiva, el sospechoso se despidió de su madre, donde le agradecía por todo. “Me voy de Junín, donde nací. Me enseñaste como ser un hombre de valor. Pero esto me está matando en vida, no sé que será de mi vida a partir de ahora. Lo único que te pido es que cuides a la abuela y que la abuela me perdone por lo que voy a hacer”.

Para encontrar al sospechoso y a la niña se hizo un operativo de saturación en el centro de Pergamino y zonas aledañas. “Bonafe y la nena fueron vistos en las calles Alsina y Becerra. Al advertir la presencia policial, el sindicado femicida intentó escapar y se dirigió a un cañaveral donde amenazó matar a la niña con un arma blanca. Finalmente, los policías lograron convencerlo de que deponga su actitud y fue detenido. La menor estaba sana y salva”, dijeron fuentes policiales.

Ahora, la fiscal Sánchez espera el resultado de la autopsia para conocer si Errapan murió como consecuencia de un disparo o si fue asesinada de otra forma, explicaron fuentes judiciales. El sospechoso será indagado en las próximas horas.

“La activación de la Alerta Sofía permitió una rápida coordinación entre las fuerzas de seguridad. La menor fue encontrada con vida y el presunto captor quedó detenido. Quiero reconocer el trabajo de todos los efectivos que participaron del operativo”, sostuvo en su perfil de la red social X la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

La activación de la Alerta Sofía permitió una rápida coordinación entre las fuerzas de seguridad. La menor A.G. fue encontrada con vida y el presunto captor quedó detenido.

Quiero reconocer el trabajo de todos los efectivos que participaron del operativo.

— Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) July 8, 2026

La Alerta Sofía es un sistema de “emergencia rápida” desarrollado por el Ministerio de Seguridad durante la primera gestión de Patricia Bullrich, en la presidencia de Mauricio Macri. Su objetivo es coordinar la búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos cuya vida se considere en “Alto Riesgo Inminente”. Para ello, se articula el trabajo entre organismos públicos, medios de comunicación, redes sociales, fuerzas federales y la sociedad civil.

Bonafe tenía causas abiertas por lesiones en contexto de violencia de género. Fue denunciado el 25 de enero de 2024 por su entonces pareja. “La denunciante manifestó que, mientras se encontraba en su lugar de trabajo, Bonafe la agredió verbalmente y la empujó, ocasionándole lesiones, por lo que instó la acción penal y solicitó medidas cautelares”, según fuentes policiales.

También fue denunciado en 2022 por una cuñada por lesiones y amenazas. Un año antes también lo denunció un cuñado por lesiones y violencia familiar.

“El denunciante manifestó que Bonafe se presentó en su vivienda, donde también estaba su esposa y comenzó a agredirlos verbalmente a ambos, para luego pasar a un ataque físico antes de darse a la fuga. Se instó la acción penal y se solicitaron medidas cautelares”, explicaron los voceros consultados.

Además, el viernes pasado, la Policía Federal Argentina (PFA) hizo un allanamiento en la casa de Bonafe por una causa de Gromming, la acción intencional de un adulto para acosar sexualmente a un menor por medio del uso de Internet.

“Tus 15 años siempre serán recordados”, así comienza el video que Gabriel Vega, padre de la menor, realizó para recordar a su hija. En el archivo, que dura casi cinco minutos, muestra diversas imágenes de la adolescente sola o con familiares.

En el cierre del video, señaló: “En la búsqueda de la justicia, la verdad es el primer paso, pero el respeto por el otro es el camino completo. Justicia por Agostina”.

Conforme a la información compartida a la agencia Noticias Argentinas, los familiares paternos realizarán este miércoles una misa en la que impulsarán una vez mas el pedido de justicia.

La familia materna, en tanto, confirmó a Noticias Argentinas que por el momento no tienen preparada hacer alguna conmemoración por el día en el que la menor cumpliría años.

Tiempo atrás Melisa Heredia, la mamá de la adolescente, contó que tenían organizado un festejo por los 15 años y que la víctima ya había elegido un vestido: “Es algo muy doloroso”.

Días atrás se conoció una carta abierta que escribió el padre de la víctima en la que manifestó que la causa “no es un juego” sino que “se trata del femicidio de mi hija” y fue en respuesta por supuestas “acusaciones y descalificaciones” dirigidas hacía él y a su equipo de abogados.

“Desde que ocurrió el femicidio de mi hija, la causa ha tenido una enorme exposición pública. En ese contexto también se formularon distintas afirmaciones sobre mi persona. No considero que este sea el ámbito para responderlas. Mi responsabilidad, como padre, es colaborar con la Justicia y contribuir a que la investigación llegue a la verdad, con el respeto que la memoria de Agostina merece”, afirmó.

Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero son los cuatro acusados que tiene la causa hasta el momento. El primero de ellos está imputado por el delito de homicidio triplemente calificado, mientras que los demás detenidos son por encubrimiento agravado.

Dos de los detenidos fueron trasladados desde la cárcel de Bouwer en la ciudad de Córdoba a la prisión de Cruz del Eje en el norte de la provincia. Se trata de Barrelier, el principal acusado, y Fassetta, imputado de encubrimiento doblemente calificado.

El fiscal Raúl Garzón les dictó la semana pasada a los dos la prisión preventiva y también a Soledad Andreani, acusada y detenida por encubrimiento doblemente agravado.

Los dos hombres estaban presos en Bouwer aislados en el área de Enfermería y la decisión fue que sigan en esa condición, pero en una celda en la cárcel de máxima seguridad de Cruz del Eje, donde permanecerán monitoreados las 24 horas.

La resolución se tomó por razones de seguridad, tanto para preservar la integridad de los detenidos como para mantener el orden dentro del establecimiento penitenciario.

Las dos mujeres imputadas en la causa -Andreani y Marianella Palmero- continuarán alojadas en el Centro Médico del complejo de Bouwer. Ambas están aisladas.

Bonafe había sido denunciado por grooming un mes atrás en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Junín. Según reportó la familia de la niña, el hombre había ingresado al baño mientras estaba su ahijada y la había filmado con su celular. Desde entonces, la madre había solicitado una orden de restricción y alejamiento.

El rastro de la menor, identificada como A., se había perdido poco después de que su madre fuera hallada muerta con señales de criminalidad en su hogar sobre la calle Ibarlucea al 70. El Ministerio de Seguridad de la Nación activó esta tarde la Alerta Sofía. Sin embargo, A. fue encontrada este miércoles.

La madre de la menor, identificada como Mercedes Errapan, fue hallada muerta en su hogar en Junín por su pareja, que llamó a la Policía.

Fuentes policiales confirmaron a LA NACION que fue encontrada en el piso del baño con una herida de bala en la zona occipital, es decir, la parte baja y trasera de la cabeza. Tras ello, autoridades policiales iniciaron la búsqueda de la menor y de Bonafe, autor del crimen.

Tras la investigación y el registro de cámaras de seguridad de la zona, efectivos policiales rastrearon a Bonafe y la menor hasta las calles Alsina y Becerra, en Pergamino.

Cuando el agresor advirtió de la presencia de los efectivos, tomó a la niña e ingresó a un cañaveral, donde puso un arma blanca sobre el cuello de A. y amenazó con asesinarla. Ante la llegada de más efectivos, lograron convencerlo de que deje el arma. Fue entonces que terminó detenido y la menor fue rescatada ilesa.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció el rescate a través de la red social X. “La activación de la Alerta Sofía permitió una rápida coordinación entre las fuerzas de seguridad. La menor A.G. fue encontrada con vida y el presunto captor quedó detenido. Quiero reconocer el trabajo de todos los efectivos que participaron del operativo”, sostuvo.

Bonafe posee dos antecedentes penales por violencia familiar y uno por violencia de género.

Cómo ocurrió el crimen

Las cámaras de seguridad reconstruyeron casi minuto a minuto el recorrido de Bonafe antes y después del crimen. Todo comenzó pasadas las 5 de la madrugada, cuando la pareja actual de la víctima salió de la casa en la calle Ibarlucea para ir a trabajar. Apenas cuatro minutos más tarde, a las 5.11, el sospechoso trepó un paredón de la propiedad e ingresó con una campera y la capucha puesta.

El agresor permaneció dentro del hogar durante casi tres horas y a las 7.57 volvió a aparecer en las cámaras: salió caminando por la calle Belgrano junto a la hija de la víctima.

Dentro de la casa, el cuerpo de Errapan yacía muerto. La pareja de la mujer lo encontró más de dos horas después, a las 10.14, cuando regresó del trabajo.

La huida también quedó registrada. Distintas cámaras de seguridad captaron a Bonafe mientras conducía una moto Titán 150 cc, sin plásticos y con un tanque color azul, acompañado por la menor. Circulaba por la ruta 188, en la localidad de Obligado, en el partido de Rojas, en dirección a Pergamino.

A las 11.50, ya sin la moto, ambos fueron vistos haciendo dedo en la intersección de las rutas 188 y 30 de Rojas. Un docente los levantó y los llevó hasta el cruce de Yrigoyen y Rocha, en pleno centro de Pergamino, donde llegaron a las 12.28. Poco después entraron a un kiosco ubicado sobre la avenida de Mayo.

Mientras tanto, los investigadores allanaron la vivienda de Bonafe, ubicada en la calle Almafuerte al 1400, en Junín. Allí encontraron una carta manuscrita donde confesó el crimen y mencionó una posible fuga hacia la localidad bonaerense de Arias o a Cañada Seca, en Santa Fe. En el procedimiento también fue secuestrado su teléfono celular.

La hija del periodista y conductor de TV Jorge Rial, que fue condenada a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo por su participación en una serie de robos ocurridos en casas de Villa Adelina, en San Isidro, y de Castelar, en Morón, goza del beneficio del arresto domiciliario.

En junio pasado, la jueza Coelho había homologado el acuerdo de juicio abreviado que habían firmado Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro a cargo de la investigación, y la defensa de Rial.

Tras el dictado de la sentencia, el abogado Marcelo D’Angelo, a cargo de la defensa de Rial, solicitó la excarcelación de su asistida “en términos de la libertad condicional”.

Entonces, la magistrada le corrió vista al fiscal Ferrari para que dictamine sobre el pedido de la defensa. El representante del Ministerio Público se opuso. La jueza resolvió hoy.

“Si bien se acredita el requisito temporal que exige la ley, considero -mal que le pese al distinguido defensor [por D’Angelo]- que no se ha cumplido con el requisito subjetivo del cumplimiento regular de las reglas de conducta impuestas como condición de otorgamiento del beneficio del arresto domiciliario, dispuesto en los términos del artículo 159 del Código de Procesal Penal con fundamento en el cuidado de su hijo de menor de 5 años. Los incumplimientos injustificados de la prohibición de publicar contenidos en redes en el corto lapso transcurrido desde su imposición, hacen presumir que tampoco observará las reglas que se le puedan imponer como condición de la libertad”, explicó la magistrada al fundamentar el rechazo al a la solicitud de excarcelación.

El 11 de marzo pasado, cuando se le otorgó el beneficio del arresto domiciliario, se le fijaron una serie de pautas de conductas que la joven, de 27 años, debía cumpliar la prohibición de acceso a redes sociales. Pero, para la Justicia, incumplió las reglas que se le impusieron.

Según el expediente judicial, el 29 de abril pasado, se “constataron publicaciones en la cuenta de la encartada de la red social Instagram con incitación a la violencia y a la conspiración social por la muerte de un amigo en una comisaría en Córdoba. El 4 de mayo pasado, por lo que se celebró una nueva audiencia con presencia de las partes, donde la imputada brindó sus explicaciones junto con sus tutores, quienes nuevamente se comprometieron a vigilar el cumplimiento de todas las reglas y prevenir la repetición”.

Pero, en las últimas horas, la Justicia dio por acreditado un nuevo incumplimiento de Rial: una publicación en el perfil de Instragram de la joven con “una invitación a hacer apuestas”, según se desprende de la resolución firmada por la jueza Coelho.

“No siendo atendibles las extensas aclaraciones formuladas al respecto por el distinguido Defensor, toda vez que se encuentra probado que la publicación se realizó, por lo menos, 17 horas antes de la visualización efectuada por la suscripta el lunes pasado [por anteayer] a las 11, conforme surge de la fotografía contenida en el informe actuarial y la filmación de la publicación realizada con el teléfono celular de la suscripta, que como todos los medios digitales posee time stamp, logs y metadatos que acreditan que en ese momento la ‘historia’ estaba publicada en la cuenta de la imputada", sostuvo la jueza Coelho al explicar su decisión de rechazar el pedido de libertad condicional.

Ayer, antes de que la jueza Coelho firmara su resolución, el abogado D’Angelo había presentado un escrito donde hizo una serie de aclaraciones sobre la publicación de Instagram que, según la Justicia, hizo Rial.

“La fotografía a que alude el informe actuarial fue subida al perfil de Instagram de mi asistida el día 14 de diciembre de 2025, y fue tomada con anterioridad a esa fecha, cuando la señorita Rial se encontraba en libertad. Es decir, el contenido preexiste en casi tres meses a la audiencia del 11 de marzo de 2026 en la que se impusieron las reglas de conducta cuya violación se informa. La fecha de carga de una publicación de Instagram no es materia opinable ni depende del dicho de la imputada, es un dato objetivo que la propia plataforma exhibe junto a cada publicación y que consta en los registros del prestador del servicio, de modo que su verificación se encuentra al alcance inmediato del Tribunal por los medios de prueba que se ofrecen en el apartado VI. A mayor abundamiento, acompaño al presente una fotografía de la señorita Rial tomada por ella misma en el día de ayer, 6 de julio de 2026, en la que puede observarse que su corte y color de pelo actuales no coinciden con los que presenta en la fotografía obtenida. La simple comparación de ambas imágenes evidencia, de manera perceptible a simple vista y sin necesidad de conocimiento técnico alguno, que la fotografía advertida en el perfil es de data muy anterior y no refleja la apariencia actual de mi asistida”, había explicado el abogado defensor.

Pero, como se dijo, para la jueza Coelho se acreditó que la publicación en Instagram había sido el fin de semana pasado. Y, al resolver no hacer lugar al pedido de libertad condicional, mantuvo y amplió las reglas de conducta que debe cumplir Rial y dispuso la obligación de someterse a “una evaluación y seguimiento psiquiátrico y un tratamiento psicológico, de los que deberá rendir cuenta en el término de diez días desde su notificación”, según la resolución a la que tuvo acceso LA NACION.

Rial había sido detenida por un robo ocurrido el 18 de enero de 2025 cerca de las 22 en una casa situada en José María Moreno al 2700, en Villa Adelina. El inmueble estaba vacío: sus propietarios estaban de vacaciones en Pinamar.

División de roles

“El día 18 de enero [de 2025], cerca de las 22, Rial −vistiendo un vestido corto rojo y zapatos blancos−, Luna González, Alan Martín Fernández, Lautaro Tomás Ledesma y un quinto delincuente cuya identidad a la fecha se ignora, mediante un plan previamente acordado con clara división de roles, se constituyeron con fines de robo, y a bordo del rodado marca Peugeot 207 blanco conducido por Rial, en la vivienda de la calle José María Moreno 27..., en Villa Adelina, en San Isidro. Ello, aprovechándose de la ausencia de sus moradores, con el fin de apoderarse ilegítimamente de bienes muebles y efectos de valor que pudieran hallarse en la propiedad”, había detallado el fiscal Ferrari en un dictamen presentado durante la investigación.

Los delincuentes que irrumpieron en la casa de Villa Adelina fueron Ledesma y un ladrón que, por el momento, no fue identificado. Rial, González y Fernández se quedaron en el auto.

“Ledesma y su cómplice, ya en la puerta de la propiedad, y tras haber interrumpido el suministro de energía de la casa, bajando manualmente, para ello, la llave térmica empotrada en una pared lateral, sortearon desde la vía pública el perímetro de reja de dos metros de altura, accediendo de ese modo al patio delantero interno de la finca que los condujo al frente de la propiedad. Allí, utilizando las herramientas que llevaban en sus mochilas, forzaron los barrotes de las rejas de una de las ventanas y levantaron la persiana de madera, accediendo de este modo al interior de la vivienda. Una vez allí revolvieron los diferentes ambientes en busca de pertenencias, apoderándose ilegítimamente al menos de una notebook”, según el expediente judicial.

Tras el robo, el auto conducido por Rial fue filmado en una estación de servicio situada en la avenida Fondo de la Legua y El Indio, en Villa Adelina. En los baños de ese establecimiento, la joven se cruzó con una mujer policía que revistaba en el Comando de Patrullas de San Isidro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La uniformada la reconoció y le dijo: “Vos sos More”. La influencer le respondió: “Ah, sí, amor”. Cuando volvió al patrullero, la testigo le dijo a su compañero que había visto a “una famosa”.

Pocos minutos después, la uniformada y su compañero fueron desplazados por el Comando Radioeléctrico hasta una casa situada en José María Moreno al 2700, en Villa Adelina, porque se había activado una alarma. Era la casa en la que, según la Justicia, cometió el robo la banda que integra Morena Rial.

Rial también fue imputada por un robo ocurrido en Castelar en enero pasado, de donde la banda huyó con un botín de 32.000 dólares, 50 cargadores de iPhone, 25 auriculares marca Apple y diez perfumes de origen árabe, entre objetos de valor.

En una ampliación de su declaración indagatoria, Rial negó su participación en el robo ocurrido en Castelar, pero sí contó lo sucedido en Villa Adelina, aunque sostuvo que los jóvenes que habían irrumpido en la propiedad de San Isidro le habían asegurado que no habían “encontrado nada”.

También contó que al día siguiente uno de los integrantes de la banda le dijo que necesitaba a alguien que manejara porque tenían “marcada” una casa para ir a robar en Martínez, San Isidro.

“Me dijo textualmente: ‘Tengo una casa con dólares y brillo’, pero me negué a acompañarlos”, sostuvo Rial en su indagatoria.

Para el fiscal Ferrari, “las evidencias reunidas en orden a los encartados poseen entidad convictiva suficiente, a criterio de este Ministerio Público Fiscal, para tener por probadas, con el grado de provisoriedad que requiere esta instancia procesal, sus responsabilidades criminales en los hechos que conforman la plataforma fáctica. En suma, la evidencia demuestra la responsabilidad de los encartados en los hechos y todos los elementos de juicio antes señalados permiten concluir fundadamente que los imputados tuvieron pleno dominio sobre los hechos materia de la imputación”.

Ledesma y Fernández también fueron condenados en un juicio abreviado. González, la otra joven que integraba la banda, continúa prófuga.

El operativo terminó con seis detenidos —entre ellos un menor de edad— y el secuestro de cocaína lista para su comercialización, dinero en efectivo, teléfonos celulares y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

El lugar había sido objeto de un operativo antidrogas en marzo pasado; en esa ocasión fue detenida, entre otros, una mujer que cumplía allí prisión domiciliaria. El nuevo procedimiento demuestra que la propiedad siguió siendo utilizada como punto de venta al menudeo.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Delegación San Martín de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la policía bonaerense, apoyados en las imágenes del 3F COM (Centro de Operaciones y Monitoreo de Tres de Febrero), en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°16 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo del fiscal Raúl Germán Martínez.

La investigación había comenzado en mayo pasado a partir de información que vinculaba una propiedad situada en la calle 17 de Agosto al 700 con la venta frecuente de cocaína a diferentes clientes que entraban y salían del lugar.

Durante semanas, los investigadores realizaron tareas de inteligencia, vigilancias encubiertas y distintos relevamientos que permitieron reconstruir la modalidad de funcionamiento de la organización.

En esa tarea fue fundamental la revisión de las cámaras fijas y los domos de seguridad instalados en la vía pública. Así, los investigadores pudieron seguir en tiempo real esos movimientos y sumar filmaciones y fotografías cruciales para el expediente.

Según la investigación a la que accedió LA NACION, la vivienda —de características similares a un conventillo— había sido acondicionada como un búnker de comercialización de drogas, con tareas puntuales dentro de ese negocio ilegal: algunos se encargaban de la venta directa, otros actuaban como “satélites” o campanas para alertar sobre la presencia policial y un tercer grupo preparaba y fraccionaba las dosis que luego eran distribuidas entre los compradores.

Todo quedó expuesto luego de que un “agente revelador”, autorizado por la fiscalía, ingresara al domicilio para simular una compra de droga y exponer el ilícito. Entonces, los uniformados irrumpieron en el lugar y procedieron al secuestro de 40 gramos de cocaína distribuidos en 127 envoltorios plásticos termosellados, $125.500 en efectivo, cuatro teléfonos celulares, sustancias de corte y una máquina termoselladora.

Durante el allanamiento fueron detenidas seis personas. Entre ellas había un adolescente, cuya situación quedó bajo la órbita del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil debido a su presunta participación en la comercialización de droga.

Un dato sorprendió a los investigadores: el inmueble ya había sido allanado a fines de marzo en otra causa por comercialización de estupefacientes. En aquella oportunidad había sido detenida una de las principales investigadas, quien posteriormente obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria.

Sin embargo, esa medida cautelar la cumplía precisamente en la misma vivienda donde, según la nueva investigación, continuaba funcionando el punto de venta de drogas.

De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, lejos de desarticularse, la organización habría continuado operando desde el mismo domicilio, manteniendo su estructura y recurriendo incluso a menores de edad para sostener la comercialización y dificultar el accionar policial.

Con los seis detenidos a disposición de la Justicia y el búnker clausurado, la fiscalía continuará ahora con el análisis de los teléfonos celulares secuestrados y de la documentación incorporada a la causa para determinar si la organización mantenía vínculos con otros puntos de venta de estupefacientes en la zona o con proveedores que abastecían la estructura criminal.

Así lo informaron fuentes judiciales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo bajo su análisis el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Treunque Lauquen que el 14 de octubre de 2022 condenó a Jorge Eduardo Dubiau a la pena de 12 años y 10 meses de prisión como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado y gravemente ultrajante agravado.

Según el expediente judicial, los abusos ocurrieron entre 2006 y 2013 en la ciudad bonaerense de Carlos Casares. El primer ataque sexual ocurrió cuando la víctima tenía ocho años.

“Dubiau pasaba a la niña a la cama matrimonial mientras su esposa no estaba. Luego, también se registraron abusos en el campo donde el acusado trabajaba. Los ataques sexuales se mantuvieron durante siete años. La víctima quedó embarazada y le contó lo que le pasaba a una amiga. Fue ese el momento en que la madre se enteró de lo que ocurría”, sostuvieron las fuentes consultadas.

Tras la condena de primera instancia, el Tribunal de Casación Penal bonaerense rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa, al sostener que el fallo dictado no había sido arbitrario y que los hechos habían quedado probados. La Suprema Corte bonaerense también rechazó los cuestionamientos a la sentencia.

“La defensa planteó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el que alegó la arbitrariedad de la decisión, la afectación al principio de inocencia y la violación del derecho de defensa, debido proceso y doble conforme. El máximo tribunal, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó la presentación por inadmisible en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", se informó.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales y judiciales. El robo sucedió en los primeros minutos de ayer en Ramallo al 1900, cuando la víctima, Facundo Higuaín, de 22 años, estaba arriba de su camioneta, marca BYD modelo Song Pro DM-i GS, junto con su novia, y fue sorprendido por un delincuente armado.

El ladrón obligó a la pareja a bajarse del vehículo y, antes de escapar a toda velocidad, también se apoderó de un iPhone 16 Pro.

Tras la denuncia hecha al 911 por Miguel Ángel Higuaín, padre de la víctima, tomaron intervención efectivos de la Comisaría Vecinal 13B y el fiscal José María Campagnoli, a cargo de la Fiscalía descentralizada de Núñez-Saavedra.

“Las tareas investigativas estuvieron a cargo de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad y de operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) que colaboraron en el análisis de las filmaciones de las cámaras de seguridad”, dijeron fuentes del caso.

Ayer al mediodía, pocas horas después del robo, el vehículo fue ubicado en Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas. Era tripulado por un joven de 29 años y una mujer de 33 de nacionalidad boliviana.

“¡Dale, bajá, tirate al piso!”, ordenaron los policías al conductor de la camioneta. Además del vehículo fue recuperado el teléfono celular robado.

El detenido fue identificado por fuentes oficiales como Manuel Washington Heredia, alias “Poroto”, de 35 años, quien era intensamente buscado desde el homicidio ocurrido el 2 de mayo de 2025.

La captura se concretó este martes por la mañana, luego de una serie de tareas de inteligencia que permitieron establecer que el sospechoso se ocultaba en una vivienda del barrio 8 de Abril, en el partido de Las Heras.

Con esa información, efectivos de la División Homicidios realizaron un allanamiento que culminó con su detención.

Por disposición del fiscal de Homicidios Oscar Malla, el acusado fue trasladado primero a Sanidad Policial para la realización de los exámenes médicos de rigor y luego al Polo Judicial. Posteriormente quedó alojado en la Subcomisaría Iriarte, imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Con este procedimiento, la investigación suma un segundo detenido de relevancia. El otro imputado es Martín Fernando Heredia, hermano del ahora arrestado y conocido con el alias de “Lochi”, quien ya se encontraba detenido por su presunta participación en el ataque.

Un crimen que conmocionó al barrio

La madrugada del 2 de mayo de 2025 todo cambió en el barrio Olivares. Rodríguez, que vivía en el barrio San Martín, había ido a visitar a su novia cuando quedó en medio de un ataque armado en el pasillo 8 del barrio Olivares, frente a una cancha de fútbol.

La secuencia comenzó con varios llamados al 911 que alertaban de un intenso tiroteo en la zona y advertían que un adolescente había recibido un disparo en la cabeza.

Los primeros policías que llegaron al lugar encontraron al joven gravemente herido. Ante la urgencia, decidieron trasladarlo en un móvil policial hasta el Hospital Lagomaggiore.

Sin embargo, en cuanto arribó al centro asistencial, los médicos constataron que había fallecido como consecuencia de una herida de arma de fuego con orificio de entrada en la región frontal izquierda.

Mientras tanto, efectivos de Homicidios preservaron la escena del crimen y realizaron un rastrillaje en busca de armas y otras evidencias, aunque los primeros procedimientos no arrojaron resultados positivos.

En las primeras horas posteriores al crimen, una de las hipótesis apuntaba a que Alex había sido víctima de una confusión y que el verdadero objetivo del ataque era otro joven del barrio. Pero con el avance de la investigación, esa línea fue perdiendo fuerza.

Las declaraciones de testigos, el análisis de distintas evidencias y otras medidas probatorias llevaron a los investigadores a reconstruir un escenario diferente: el homicidio habría estado vinculado con un conflicto previo entre grupos del barrio enfrentados.

Según la acusación, varios hombres participaron del ataque efectuando disparos con distintas armas de fuego. Uno de esos proyectiles impactó en la cabeza del adolescente y le provocó la muerte prácticamente en el acto.

Desde los primeros días de la investigación, vecinos señalaron a Manuel Washington Heredia como uno de los presuntos integrantes del grupo atacante. Incluso, algunos testigos lo identificaron como quien habría efectuado el disparo mortal.

Pese a ello, logró permanecer prófugo durante más de un año hasta ser localizado en Las Heras.

En una etapa inicial de la investigación también había sido detenido otro sospechoso, conocido como “El Gordo”, aunque posteriormente fue desvinculado de la causa al no reunirse elementos suficientes para sostener la imputación en su contra.

El asesinato de Alex desencadenó una escalada de violencia entre allegados a la víctima y personas vinculadas a los sospechosos.

Durante las semanas siguientes se registraron nuevos tiroteos, amenazas armadas, ataques con piedras y distintos enfrentamientos en los barrios Olivares y San Martín, situación que obligó a reforzar la presencia policial para prevenir represalias.

Así lo resolvió la jueza María Coelho, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, al homologar el acuerdo de juicio abreviado que habían firmado en marzo último Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro, a cargo de la investigación, y la defensa de Rial, de 27 años.

Tras el dictado de la condena, la defensa de Rial solicitó la excarcelación “en términos de la libertad condicional”, informaron fuentes judiciales. La sentencia tiene 40 fojas.

Antes de resolver sobre la libertad condicional, la magistrada ordenó un peritaje psicológico y después corrió vista al fiscal Ferrari para que dictamine sobre la solicitud hecha por la defensa.

La joven mediática goza del beneficio del arresto domiciliario monitoreado con una tobillera electrónica y está sujeta a una prohibición de acceso a redes sociales. Marcelo D’Ángelo, abogado defensor de Rial, presentó ayer el recurso de casación sobre la sentencia de la jueza Coelho. Los cómplices no apelaron y, para ellos, el fallo ya quedó firme.

En diciembre pasado, el fiscal Ferrari había presentado el requerimiento de elevación a juicio de la causa que tiene a Rial, acusada del delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido mediante escalamiento y efracción.

Tres casos se les adjudican a la joven y al resto de la banda, integrada además por Lautaro Ledesma y Alan Fernández. Una cuarta sospechosa, Luna González, está prófuga.

“La evidencia colectada permite sospechar, con el grado de provisoriedad que requiere esta instancia, que los imputados y detenidos han participado activamente en los hechos que se investigan”, sostuvo oportunamente el fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari en el requerimiento de elevación a juicio presentado ante la jueza de Garantías Andrea Rodríguez Mentasty.

Rial había sido detenida por un robo ocurrido el 18 de enero de 2025 cerca de las 22 en una casa situada en José María Moreno al 2700, en Villa Adelina. El inmueble estaba vacío: sus propietarios estaban de vacaciones en Pinamar.

División de roles

“El día 18 de enero pasado, cerca de las 22, Rial −vistiendo un vestido corto rojo y zapatos blancos−, Luna González, Alan Martín Fernández, Lautaro Tomás Ledesma y un quinto delincuente cuya identidad a la fecha se ignora, mediante un plan previamente acordado con clara división de roles, se constituyeron con fines de robo, y a bordo del rodado marca Peugeot 207 blanco conducido por Rial, en la vivienda de la calle José María Moreno 27..., en Villa Adelina, en San Isidro. Ello, aprovechándose de la ausencia de sus moradores, con el fin de apoderarse ilegítimamente de bienes muebles y efectos de valor que pudieran hallarse en la propiedad”, detalló el fiscal Ferrari en el dictamen presentado durante la investigación.

Los delincuentes que irrumpieron en la casa de Villa Adelina fueron Ledesma y un ladrón que, por el momento, no fue identificado. Rial, González y Fernández se quedaron en el auto.

“Ledesma y su cómplice, ya en la puerta de la propiedad, y tras haber interrumpido el suministro de energía de la casa, bajando manualmente, para ello, la llave térmica empotrada en una pared lateral, sortearon desde la vía pública el perímetro de reja de dos metros de altura, accediendo de ese modo al patio delantero interno de la finca que los condujo al frente de la propiedad. Allí, utilizando las herramientas que llevaban en sus mochilas, forzaron los barrotes de las rejas de una de las ventanas y levantaron la persiana de madera, accediendo de este modo al interior de la vivienda. Una vez allí revolvieron los diferentes ambientes en busca de pertenencias, apoderándose ilegítimamente al menos de una notebook”, según el expediente judicial.

Tras el robo, el auto conducido por Rial fue filmado en una estación de servicio situada en la avenida Fondo de la Legua y El Indio, en Villa Adelina. En los baños de ese establecimiento, la joven se cruzó con una mujer policía que revistaba en el Comando de Patrullas de San Isidro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La uniformada la reconoció y le dijo: “Vos sos More”. La influencer le respondió: “Ah, sí, amor”. Cuando volvió al patrullero, la testigo le dijo a su compañero que había visto a “una famosa”.

Pocos minutos después, la uniformada y su compañero fueron desplazados por el Comando Radioeléctrico hasta una casa situada en José María Moreno al 2700, en Villa Adelina, porque se había activado una alarma. Era la casa en la que, según la Justicia, cometió el robo la banda que integra Morena Rial.

Rial también fue imputada por un robo ocurrido en Castelar en enero pasado, de donde la banda huyó con un botín de 32.000 dólares, 50 cargadores de iPhone, 25 auriculares marca Apple y diez perfumes de origen árabe, entre objetos de valor.

En una ampliación de su declaración indagatoria, Rial negó su participación en el robo ocurrido en Castelar, pero sí contó lo sucedido en Villa Adelina, aunque sostuvo que los jóvenes que habían irrumpido en la propiedad de San Isidro le habían asegurado que no habían “encontrado nada”.

También contó que al día siguiente uno de los integrantes de la banda le dijo que necesitaba a alguien que manejara porque tenían “marcada” una casa para ir a robar en Martínez, San Isidro.

“Me dijo textualmente: ‘Tengo una casa con dólares y brillo’, pero me negué a acompañarlos”, sostuvo Rial en su indagatoria.

Para el fiscal Ferrari, “las evidencias reunidas en orden a los encartados poseen entidad convictiva suficiente, a criterio de este Ministerio Público Fiscal, para tener por probadas, con el grado de provisoriedad que requiere esta instancia procesal, sus responsabilidades criminales en los hechos que conforman la plataforma fáctica. En suma, la evidencia demuestra la responsabilidad de los encartados en los hechos y todos los elementos de juicio antes señalados permiten concluir fundadamente que los imputados tuvieron pleno dominio sobre los hechos materia de la imputación”.