La Constitución de 1853 fue un diseño institucional moderno

Desde el punto de vista histórico, el Estado argentino se organizó a partir de una arquitectura normativa particularmente ambiciosa. La Constitución de 1853 fue un diseño institucional moderno que buscó ordenar la vida política y económica con reglas avanzadas para la época. Pero ese diseño se aplicó sobre una sociedad todavía fragmentada, con fuertes desigualdades regionales y sin una clase dirigente suficientemente homogénea que internalizara tempranamente esas normas como un marco común de convivencia. Ese desfasaje entre ambición institucional y realidad social se amplió por dos procesos decisivos.

Por un lado, la inmigración europea masiva transformó la sociedad argentina en pocas décadas, algo que no ocurrió en esa escala en los países vecinos. Millones de personas se incorporaron rápidamente al mercado de trabajo y a la expansión económica, pero sin una socialización cívica prolongada ni tradiciones políticas compartidas. Por otro lado, la Argentina alcanzó niveles de prosperidad relativamente tempranos. La exitosa inserción agroexportadora generó riqueza sin exigir una disciplina institucional equivalente a la que habían requerido otros procesos de desarrollo.

El peronismo desplazó el eje de la legitimidad desde las reglas hacia la capacidad del liderazgo de realizar la justicia social

En ese contexto, la política tendió a organizarse como disputa por el acceso a la renta antes que como administración de un orden común. El radicalismo se incorporó políticamente a esa nueva sociedad de inmigrantes mediante una relación personalista con el poder que convivió de manera tensa con el orden liberal formal. El peronismo profundizó y sistematizó esa tensión: convirtió esa mediación en principio político permanente y desplazó el eje de la legitimidad desde las reglas hacia la capacidad del liderazgo de realizar la justicia social.

En Chile y Uruguay la trayectoria fue distinta. También hubo economías exportadoras, conflictos sociales e inmigración europea, pero en una escala menor y con procesos más graduales. La incorporación política de los sectores populares fue canalizada por partidos que aceptaron la legalidad como campo común de competencia. Allí el conflicto se institucionalizó; en la Argentina tendió a adquirir un carácter identitario.

El desacuerdo no gira solo en torno a cuánto Estado o cuánta redistribución dentro de un marco compartido, sino sobre quién tiene autoridad para fijar el orden total

De esa historia surge uno de los rasgos persistentes de la política argentina: una polarización que no se limita a la discusión de políticas públicas, sino que con frecuencia se convierte todavía en disputa por definir qué es lo legítimo. Esto ayuda a explicar cómo se vive la política en la Argentina: el desacuerdo no gira solo en torno a cuánto Estado o cuánta redistribución dentro de un marco compartido, sino sobre quién tiene autoridad para fijar el orden total.

Las premisas ideológicas que estructuran esa disputa ayudan a comprender su dinámica. El liberalismo argentino suele concebir la política como un sistema de reglas capaces de ordenar la realidad social. El populismo, en cambio, tiende a privilegiar la realización directa de la justicia social incluso si ello tensiona las condiciones económicas e institucionales que la sostienen. Ambas perspectivas expresan tensiones reales, pero en la práctica tienden a absolutizar su propio punto de partida.

El resultado es un efecto corrosivo: la deslegitimación sistemática del adversario. El oponente no aparece como un actor con el que se alterna en el poder, sino como un obstáculo moral que debe ser desplazado. Cada ciclo político se vive como refundacional y cada derrota como intolerable.

Nunca terminó de consolidarse un marco común plenamente aceptado por todos

En términos comparativos, la disputa argentina podría haber adoptado la forma de una dialéctica política más clásica, como la que se observa en Chile y Uruguay. Sin embargo, por las razones geográficas e históricas mencionadas, nunca terminó de consolidarse un marco común plenamente aceptado por todos, que le otorgara continuidad.

En esa falta de piso, cada actor se ve empujado a radicalizar su propia premisa y a excluir por completo la contraria. Reconocer la legitimidad del otro suele interpretarse como una claudicación. Paradójicamente, al absolutizar sus premisas y rechazar arreglos imperfectos, cada lado termina bloqueando las condiciones que permitirían alcanzar incluso los objetivos que dice defender. Por eso las tradiciones que intentaron introducir mediaciones –el radicalismo posterior a Yrigoyen o las corrientes reformistas del peronismo– nunca lograron consolidarse como ejes estables del sistema político.

La irrupción de Javier Milei puede leerse, en este marco, no solo como un episodio de ruptura, sino también como un posible cambio en la lógica de la política argentina. Su discurso es marcadamente confrontativo, pero no se dirige primordialmente contra un partido adversario, sino contra lo que define como una forma agotada de disputa permanente por la legitimidad, condensada en la idea de “casta”: dirigentes que se mantienen en el poder sin producir resultados duraderos.

La novedad que su liderazgo sugiere –más allá de sus resultados– es la posibilidad de combinar elementos que en la historia argentina tendieron a separarse: la encarnación personal del liderazgo, característica de la tradición populista, con la centralidad de reglas e instituciones asociada al liberalismo. La práctica política muestra la importancia de que ambas dimensiones –reglas y encarnación– estén en juego. Sin reglas, la encarnación se vuelve ruido. Sin encarnación, las reglas pierden representación social.

Si esa combinación lograra proyectarse más allá de una figura individual y ser asumida por diversas fuerzas políticas, podría abrirse una etapa distinta. En ese caso, la política argentina tal vez se acerque más a una dinámica conocida en muchas democracias: una competencia intensa y arraigada, sostenida por reglas comunes. La política argentina dejaría entonces de ser una batalla por la totalidad para convertirse en una competencia intensa y arraigada sostenida por reglas comunes.

Para satisfacer el capricho de modificar el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ya sea por su eliminación o por una nueva suspensión “por única vez”, como ocurrió el año pasado, especialistas en derecho electoral tratan de compatibilizar con poca suerte el viejo sistema de colectoras con la casi flamante boleta única de papel (BUP). Recordemos que se trata de una muy rara excepción de interés por la calidad institucional en una administración caracterizada, en el mejor de los casos, por una desaprensión sobre esta cuestión clave para el desarrollo. De hecho, manosear el sistema electoral para satisfacer las prioridades del gobierno de turno es, con muy escasas excepciones, un clásico de la política vernácula, que incluye el riesgo no menor de que puede convertirse en un búmeran para quien lo avala. Uno de los pocos elementos positivos de la experiencia Cambiemos (2015-2019) fue su compromiso institucional, tal vez más retórico que efectivo, pero que tuvo hitos como la conformación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, junto con la eliminación por decreto de las listas colectoras. Curiosamente, un gobierno con un gabinete integrado mayoritariamente por exministros de Mauricio Macri apoya sin remordimientos una clara reversión en la materia, con sistemáticas medidas que apuntan a la opacidad y la discrecionalidad en el manejo del poder, más allá de las constantes agresiones a la libertad de prensa y expresión. En el entorno de Patricia Bullrich aseguran que la senadora no está cómoda con esta iniciativa, lo que la distancia aún más del karinismo. Tampoco encuentra suficiente eco entre sus colegas de la Cámara alta, ni dentro ni fuera de su bloque.

Cabe preguntarse si la eliminación de las PASO no podría perjudicar a Milei, sobre todo en el caso en que la dinámica de fragmentación que caracteriza al espectro del centro a la izquierda se extienda hacia la derecha del universo político-electoral. Mauricio Macri había prometido que Pro “va a tener candidato propio en 2027”. Y varias fuerzas de extracción liberal (“viudas y huérfanos” de LLA), alejadas por cuestiones doctrinarias o por el rechazo al personalismo de los hermanos Milei, buscan canalizar esa insatisfacción en una potencial candidatura, aunque sea “testimonial”. Tal vez no tengan chance de lograr un resultado promisorio, pero podrían alejar al Gobierno de su pretensión máxima: ganar en primera vuelta. “Ojo que el peronismo también juega y tiene alguna experiencia exitosa en eso de apoyar candidatos de derecha para dividir ese voto”, recordaba con una sonrisa irónica un exministro de Alberto Fernández en obvia alusión al actual presidente. Por su parte, Victoria Villarruel aprovechó la visibilidad que le dio su presencia protocolar en Tucumán para enviar un misil a la línea de flotación de la narrativa oficial: dijo que le “gustaría ser la persona que sirva a los argentinos”.

En esta Argentina hay ganadores y perdedores

El Gobierno confía en que la recuperación de la economía será el principal motor de la reelección. La oposición espera lo contrario. Ambos tienen argumentos convincentes: en esta Argentina hay ganadores y perdedores, sectores que experimentaron una mejora significativa y otros que se sienten peor y objetivamente lo están. Todos se benefician de la desinflación (que apareja un gran bonus electoral) y una sólida mayoría valora el nuevo paradigma en seguridad ciudadana. Pero la preocupación por el ingreso, el trabajo (estabilidad y calidad) y la falta de perspectiva de mejora de corto y mediano plazo domina la conversación pública en materia económica en los grandes centros urbanos.

La oposición debería tener alguna ventaja inicial para capitalizar este estado de cosas, por el desgaste que implica la gestión de gobierno y porque en América Latina (y en otras democracias) la tendencia es a la alternancia en el poder. También, porque es evidente que los sectores de mano de obra intensiva son los que más sufren en términos relativos: la vieja industria (ligada a la sustitución de importaciones), el comercio (afectado por las importaciones y la modificación en los canales de venta a favor del comercio virtual) y muchos servicios (por la caída del ingreso). Pero no deben menospreciarse la mencionada desinflación, la liberación del cepo para las personas físicas y la gradual recuperación del crédito. “Verás de aquí en adelante un conjunto de medidas que, sin comprometer los fundamentals, están orientadas a mejorar gradualmente la situación de varios nichos del electorado”, advierte un legislador oficialista. ¿Alcanzará para recuperar los votos perdidos entre la segunda vuelta de 2023 y las elecciones del año pasado? “No es necesario”, opina un consultor norteamericano que sigue la política nacional. “Con superar el 40% y dividir a la oposición, Milei puede lograr su objetivo… y no está muy lejos”.

Con paciencia casi oriental, uno de los precandidatos que planea acelerar su proyecto a partir del mes próximo desliza: “En el mejor de los casos la recuperación del consumo será tenue y en pocas regiones. Y la dolarización de carteras pondrá una vez más de manifiesto que todo lo que hizo Milei está atado con alfileres… el partido de fondo aún no comenzó”. Puede que tenga razón, pero si algo ratifica este ciclo de Milei, es lo peligroso que resulta llegar al poder sin un programa de gobierno bien diseñado, un equipo versátil y experimentado y una estrategia de implementación pragmática y consensuada.

Se pueden señalar varios aspectos que contribuyeron a los fracasos anteriores y que no se corrigieron. Por ejemplo, no se dividió la concesión en dos o más tramos, lo que era técnicamente posible y conveniente. Por esa razón se excluyó de la competencia a un número significativo de empresas internacionales de dragado. Se insistió en combinar la calificación técnica con la cotización del peaje de cada oferente. Lo lógico para obtener el mejor resultado y transparencia hubiera sido precalificar y recibir cotizaciones competitivas del peaje de todas aquellas empresas que estuvieran en condiciones técnicas y de solvencia para garantizar el cumplimiento. Para peor, en esta última licitación el pliego fijó un límite mínimo al peaje por cotizar, cuando era evidentemente posible una cotización más baja. Los asesores internacionales de la Anpyn argumentaron inexplicablemente que de esa forma se evitarían “ofertas temerarias”. Para evitar esa eventualidad se exigen garantías y se precalifica a los aspirantes a participar. De no ser así no podría haber licitaciones de obras o servicios públicos por competencia de precios.

Se determinó el puntaje final de cada oferente combinando la calificación técnica con una puntuación basada en la diferencia de cotización respecto del peaje mínimo. En la puntuación técnica se valoraba significativamente la operación sobre vías navegables extensas del tipo de la Hidrovía, lo que dio ventajas al anterior concesionario. Por otro lado, al ser el peaje mínimo ya alto y rentable y que la puntuación económica castigaba exponencialmente la diferencia cotizada sobre él, se aseguraba que todos los oferentes cotizaran el mínimo y que solo la puntuación del sobre técnico definiría la adjudicación. Así resultó finalmente y se confirmó en los hechos. La concesión por los próximos 25 años se adjudicó a Jan de Nul, el anterior concesionario.

Cuando se conoció el proyecto de pliego a fines de 2025 resultaba evidente cual sería el ganador. Esto desalentó a potenciales oferentes. El 15 de diciembre de 2025, LA NACION publicó un editorial titulado “Privatización de la Hidrovía. Esta vez hacerla bien”, señalando esas deficiencias y otras para que fueran corregidas. No fueron tenidas en cuenta y el llamado a presentar ofertas se hizo con aquel objetable pliego.

Un nuevo editorial “Hidrovía: un nuevo fracaso” fue publicado por el 25 de marzo pasado luego de la apertura y recepción de solo dos ofertas, de Jan De Nul y de DEME Dredging International. Un tercer oferente, DTA Engenharia fue excluido al no integrar la garantía de oferta. Ya eran entonces evidentes las consecuencias vaticinadas. El peaje cotizado por ambas ofertas fue el mínimo del pliego y Jan de Nul recibió la mayor puntuación técnica.

Hubo diversas críticas y objeciones. La más significativa fue la de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que señaló graves irregularidades en la confección del pliego. El principal argumento esgrimido por el Director de la Anpyn era que el peaje se reduciría respecto del actualmente vigente. Nada decía respecto de que esa reducción podía ser mayor, sino que sostenía que sus cálculos de costos y rentabilidades eran correctos y ajustados.

DEME había advertido en su presentación que su tarifa de peaje podría haber sido menor, pero que respetaba las condiciones del pliego para no quedar fuera del proceso. Después de que el Gobierno anunciara la preadjudicación a Jan De Nul, DEME presentó una carta formal proponiendo la aplicación del Régimen Nacional de Iniciativa Privada ofreciendo una reducción del 17% del peaje mínimo. Esto era concreto y no presunciones. Sin embargo, el Gobierno no dio curso a esa nueva propuesta.

Los principales usuarios de la Hidrovía son y serán los productores agrícolas y mineros, tanto de la Argentina como de Paraguay, Bolivia y Brasil. Tratándose de mercaderías cuyos precios están determinados en mercados internacionales, la modificación del peaje en la Hidrovía se traslada íntegramente a los productores. Ese 17% implicará un sobrecosto del orden de 200 millones de dólares anuales. Llama la atención que no hayan surgido protestas de las entidades representativas del agro por este proceso defectuoso que finaliza en un peaje más alto del que pudo lograrse. Tal vez hayan sopesado otros objetivos como la reducción de las retenciones, que tiene un peso mayor, o que no conviene demorar más los trabajos de profundización de la Hidrovía. No obstante, no puede dejar de señalarse que, en la búsqueda de competitividad, un solo centavo vale.

La pregunta excede la dimensión del fútbol para conectarse con algo más de fondo: ¿cómo se concibe la conducción del Estado? ¿Como un sistema de reglas o como una prerrogativa que ubica al gobernante por encima de las normas? ¿Con espíritu de subordinación a la ley o con la audacia y la prepotencia de acomodar los reglamentos a la conveniencia del que manda?

El telefonazo de Trump al presidente de la FIFA quedará registrado como un abuso grotesco de poder. La decisión de hacerle caso, como un patético gesto de debilidad y obsecuencia institucional. Y el resultado en la cancha, como una especie de recordatorio de que, más allá de las manipulaciones y las trampas “de escritorio”, llega el momento en el que la realidad se impone: Estados Unidos fue aplastado por Bélgica 4 a 1 con una deslucida actuación del jugador indultado. Lo que importa, sin embargo, es analizar si las actitudes del presidente norteamericano son un modelo que inspira a otros líderes políticos y legitiman, de alguna forma, un ejercicio arbitrario y desmesurado de la autoridad.

Por eso cobra sentido la pregunta en la Argentina, donde Claudio “Chiqui” Tapia también se habrá sentido identificado con esa práctica de la FIFA de conjugar decisiones con intereses políticos y manipular los fallos con sentido acomodaticio.

Trump condensa, en este gesto, una concepción ideológica: “yo estoy por encima de los árbitros y los jueces”; “me meto donde quiero y tuerzo las decisiones a mi favor”; “si el fallo no me gusta, atropello para que lo cambien”; “el fair play es una fachada”; “las reglas se pueden acomodar para inclinar la cancha”. No son ideas que se maquillen ni se intenten disimular; al contrario, se reivindican como parte de un liderazgo agresivo, enérgico y frontal.

Es una perspectiva que abre dramáticos interrogantes sobre la salud del sistema democrático. En una brillante columna publicada ayer en LA NACION, Gail Scriven formulaba esta pregunta sobre el líder norteamericano: “Si no está dispuesto a aceptar una tarjeta roja para su equipo de fútbol, ¿por qué debería aceptar una derrota electoral que lo puede poner en serio peligro, e incluso abrir las puertas a un juicio político?”.

Hay otras preguntas que generan inquietud: ¿Trump es una excepción y un accidente o sintetiza un modelo que tiende a imponerse, con estilo audaz y bravucón, en distintos países del mundo? ¿La condescendencia y la genuflexión de la FIFA son apenas un gesto de oportunismo y debilidad, o un síntoma del sometimiento institucional frente a este tipo de liderazgos?

Las respuestas ofrecen señales contradictorias. Por un lado, el “estilo Trump” parecería funcionar como una fórmula de exportación, con un club de admiradores al cual se ha afiliado Milei. En ese club se reivindican los liderazgos ultrapersonalistas, que ven el mundo a partir de sí mismos, se creen portadores de verdades absolutas, exigen subordinación y obsecuencia, desprecian la complejidad y los matices de las cosas, dividen al universo entre “buenos y malos” y se ven como “salvadores” de la humanidad.

Es un universo en el que se confunde moderación con tibieza y en el que la crítica o la discrepancia son vistas como una afrenta intolerable. Todo parece hacer juego con los rasgos de una época en la que los límites y la racionalidad son sometidos a un desprecio rampante.

Por otro lado, sin embargo, emergen posiciones nítidas que confrontan con ese modelo atropellador y reivindican los valores del multilateralismo, los contrapesos institucionales y la independencia de poderes.

Hay que volver a leer, por ejemplo, el cautivante discurso que pronunció el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el foro de Davos de este año para comprobar la vigencia de otro tipo de liderazgo. Allí se plantó con coraje y con nitidez frente a los atropellos de la Casa Blanca. Pero lo hizo con altura y elegancia. Demostró que se puede ser pragmático, pero apegado a valores y principios; firme en las ideas, pero suave en las formas; enérgico, pero no agresivo.

En el plano de las instituciones no gubernamentales, también asoman actitudes muy diferentes a las de la FIFA presidida por Gianni Infantino

Varios líderes europeos, entre los que se destaca Macron, marcan un contraste con la arrogancia vulgar y desinhibida de Donald Trump. En el plano de las instituciones no gubernamentales, también asoman actitudes muy diferentes a las de la FIFA presidida por Gianni Infantino. Vale reparar, por ejemplo, en el valiente comunicado de la UEFA: “Cuando la certeza de las reglas ya no está garantizada por sus guardianes, la integridad del juego se pone en riesgo y se socava la credibilidad de una competencia”. Es una frase que habla del fútbol, pero también de la democracia. Alerta sobre el peligro de torcer las normas y de que las instituciones encargadas de velar por ellas se sometan a las presiones de un poder que se ejerce sin escrúpulos.

El Mundial dejará, seguramente, un variado repertorio de emociones, enseñanzas y lecciones. Entre ellas estará el modelo de una selección argentina que, más allá del resultado final, enarbola valores inspiradores: carácter, talento, liderazgo, disciplina y cultura de equipo. Pero también dejará la estela de una intromisión abusiva del poder político y el sabor amargo de la cobardía institucional frente a los exabruptos gubernamentales.

Por supuesto que un fallo arbitral puede ser cuestionado. Tal vez la expulsión haya sido exagerada, o directamente equivocada. Pero para eso existen procedimientos, plazos, instancias de revisión en el propio ámbito del deporte. Cuando todo eso se reemplaza por un llamado y una presión del poder, el sistema mismo pierde sus salvaguardas y garantías.

Tal vez sea necesario parar la pelota y reflexionar sobre los riesgos de liderazgos abusivos

En el vértigo de la competencia, las emociones tapan al escándalo. Tal vez sea necesario, sin embargo, parar la pelota y reflexionar sobre los riesgos de liderazgos abusivos que con el mismo desparpajo con el que manipulan una competencia deportiva administran los destinos de un país. Hay que mirar, además, el impacto cultural que podría tener una actitud como la de Trump frente a una audiencia tan heterogénea y global como la de un Mundial de fútbol. ¿La histórica influencia norteamericana sobre los valores occidentales pasará ahora por este modelo de trampa, prepotencia y desprecio por las reglas y la independencia de poderes?

Cuando se apague el Mundial, quedará sobre el escenario un debate sobre liderazgos fuera y dentro de la cancha. Se habrá visto a Trump, una vez más, jugar a gobernar sin árbitros. ¿El mundo lo festejará o se escandalizará por eso? ¿Lo copiará o lo repudiará? Las preguntas encierran un dilema sobre el futuro.

La historia, mientras tanto, siempre ofrece refugios y lecciones. Cualquiera que recorra las calles, los museos y los palacios de Florencia se encontrará por todos lados el escudo de la familia Medici, que gobernó aquellos territorios durante el Renacimiento. Pero también verá un símbolo que se repite y despierta curiosidad: es una vela al viento montada sobre el caparazón de una tortuga. Debajo se lee una frase en latín, “festina lente”, que se traduce como “apresúrate despacio”. Representa la filosofía con la que gobernaba Cosimo, uno de los máximos exponentes de los Medici: combinar el pensamiento rápido y decidido (la vela) con la acción pausada y prudente (la tortuga). Tal vez en ese símbolo se esconda una enseñanza para líderes que, 500 años después, ven en la prudencia un signo de debilidad y en las reglas, un obstáculo a remover.

El hombre estalló, indignado: “¿Cómo se puede tolerar tanta presión? Es imposible jugar así. Y encima él se siente culpable si nos quedamos afuera”. Una deducción de café, pero muy lógica. Lo dijo durante el oscuro y largo lapso en el que creíamos que el Mundial había terminado para nosotros. En ese momento pensé –todos pensamos– lo pesado que debía sentirse cargar con la expectativa, la angustia y la obligación de darle alegría a un país tan golpeado económicamente, anhelante de triunfos, pero a la vez arrasado por las sucesivas crisis económicas. El mismo peso insoportable que lo terminó rompiendo a Maradona.

Roto a los 60, balbuceante, como apareció en un video que circuló recientemente por las redes donde podía escucharse un saludo de Cristina Kirchner por su cumpleaños. “Te felicito, Dieguito, por todas las alegrías que le diste a la Argentina”, lo endulzaba Cristina. Imposible dejar de pensar: “Sí, pero a qué costo”.

Las comparaciones con Diego persiguieron a Messi muchos años. Lo criticaban por “pecho frío”, porque no contaba con el suficiente entusiasmo el Himno Nacional, porque carecía del fuego y del carisma de Maradona, porque no desplegaba su magia como, supuestamente, lo hacía en Barcelona, pero sobre todo le facturaban que la Argentina no saliera campeón. En el Mundial de Rusia, la cámara lo enfocó con los ojos cerrados, antes del partido con Croacia, mientras la selección entonaba la canción patria. La prensa lo fulminó. La Argentina perdió contra Croacia y, más tarde, se quedó afuera en octavos de final.

La seguidilla de críticas terminó minando la voluntad de un Messi más joven y, tal vez, más blando

Por ese entonces, Messi vomitaba en la cancha por la ansiedad, tanto en Barcelona como con la selección. Y así, la seguidilla de críticas terminó minando la voluntad de un Messi más joven y, tal vez, más blando. Llegó un día, en 2016, en el que, moralmente derrotado, decidió renunciar a la selección. Sucedió después de perder la final de la Copa América frente a Chile. “Esto no es para mí”, declaró, quebrado, durante una entrevista con TyC Sports. La declinación duró poco, justo es decirlo. Un par de partidos más adelante y ya estaba de nuevo en el ruedo.

De cómo puede romperte personalmente el éxito se habla poco; sobre todo, del éxito en un nivel astronómico como el de Messi. Y, sin embargo, sucede mucho y a menudo, como revelan tantas muertes tempranas de megaestrellas por sobredosis o “accidentes” que son, más bien, suicidios encubiertos. Extraña paradoja: la zanahoria que todos persiguen, el supuesto elixir de la felicidad que todos persiguen, puede terminar matándote si no manejás bien esa energía tan embriagante como arrasadora. Tan adictiva al narcisismo.

Se sufre en el fracaso, pero también en la cima

Un fenómeno de autodestrucción que, sobre todo, se hizo visible en deportistas que vienen de sectores vulnerables y que, desde esa desnudez de origen, alcanzan la gloria: les pasó a Maradona, a Monzón y, muchos años atrás, a Gatica. ¿Cómo se maneja, sin ayuda, semejante giro en la rueda de la fortuna? Se sufre en el fracaso, pero también en la cima. Eso es lo que nadie te cuenta. Desde ese punto de vista, haber sido arropado en una familia de clase media amparó a Messi. Y por eso, tal vez, pueda soportar mejor que los demás una presión inhumana.

En la serie Coppola, el representante, se ve a Juan Minujin en la piel del histórico manager de Maradona ayudando a manejar el dinero que empezaban a ganar los más jóvenes jugadores de Boca. Jugadores sin ninguna alfabetización financiera. En la NBA, por caso, a los novatos que alcanzan su primer millón de dólares se les asigna un terapeuta para que puedan manejar esa atrapante (en todos los sentidos) nueva vida.

Pero ¿cuándo empezó a cambiar la percepción de un Messi “debilucho” al inmenso astro frente al cual hoy la Argentina se rinde? El consenso de los periodistas deportivos marca ese punto de quiebre en 2019, cuando la Argentina pierde una semifinal de la Copa América ante Brasil. Entonces nace otro Messi. Apenas nos quedamos afuera, salió a denunciar que el campeonato estaba arreglado por “corrupción de los árbitros”, que, supuestamente, nos había impedido llegar a la final.

El giro justiciero gustó a un pueblo tan familiarizado, precisamente, con el saqueo de la corrupción y las teorías conspirativas. Pero el Messi que conocemos hoy empezó a consolidarse en 2021, cuando la Argentina salió campeona de la Copa América y ganó la final ante Brasil en el Maracaná. Fue entonces cuando el “pecho frío” bifurcó su destino hacia el campeón, humilde, ante el cual, no solo la Argentina, sino el mundo, muere de amor y de admiración.

Pero no abusemos. Messi no es, ni será, Dios. Es un jugador excepcional, eso sí. Y un ejemplo cultural, eso también. No le carguemos más peso del que ya tiene. Y cuando nos atrape la tentación, no hay más que aprender del pasado y mirar la historia en el espejo de Maradona, que no pudo con tanto.

Diversos trabajos internacionales establecen que no habrá mejora educativa si quienes enseñan y viven desde la escuela los temas importantes antes enunciados están mal pagos, mal respaldados, mal formados y maltratados. Un estudio reciente del Cippec (“El corazón del sistema educativo”, 2025) indica que los docentes hoy cobran menos que hace 20 años. ¿Puede ser esto posible en un país que necesita desesperadamente mejorar su educación? Para sumar perturbaciones, dos estudios del exterior ubican a la Argentina en los últimos lugares de países evaluados en aspectos que hacen a la docencia: el Global Teacher Status Index, que mide cómo una sociedad valora y respeta a los maestros, nos coloca en el puesto 31 entre 35 naciones analizadas, y el Education GPS (de la OCDE), que evalúa el clima disciplinario en la escuela, nos ubica en el último lugar, el puesto 80, entre 80 países participantes. Las consecuencias de ambos estudios impactan de lleno en el trabajo docente y en su salud física y psíquica. Los docentes transmiten estas penurias dejando claro su desesperación: el informe de Educación Debate, enero 2026, sobre hechos de violencia de familiares y alumnos contra maestros, y los testimonios 2026 de la Red Federal de Docentes, Educar 2050 –con más de 3500 docentes de las 24 jurisdicciones–, dejan claro el sentimiento de una profesión “denigrada” y riesgosa.

En la Argentina no les damos prioridad y les exigimos cada vez más a quienes reconocemos cada vez menos

Todo esto muestra una situación delicada y un error estratégico: la docencia no es un tema más de la agenda educativa, es la condición de posibilidad de cualquier mejora y, sin embargo, en la Argentina no les damos prioridad y les exigimos cada vez más a quienes reconocemos cada vez menos. El influyente informe de McKinsey sobre qué hacer para mejorar los sistemas educativos del mundo lo sintetizó, hace unos años, en una frase que sigue vigente: “La calidad de un sistema educativo no puede exceder la calidad de sus docentes”. Desde entonces, la Unesco, el BID, la OCDE y el Banco Mundial, entre otros, insisten en la misma dirección: “Ningún sistema mejora de manera sostenida si no convierte a la docencia en el centro de su estrategia”. Por eso preocupa que en la Argentina no sea esta la prioridad absoluta. Es en la docencia donde está la fuerza necesaria para la mejora (los “caballos” que llevan adelante el “carro” educativo). Y esta prioridad encuentra un patrón común en la siguiente doctrina: crear condiciones para atraer mejores candidatos a docentes, formarlos en la excelencia, acompañarlos durante toda su carrera, pagarles bien e incentivarlos, y devolverles autoridad y prestigio (a quienes se esmeran en tal sentido) y fortalecer a quienes de ellos llegan a ser directivos, como “líderes pedagógicos”.

Este escenario exige, por supuesto, mayor y mejor inversión, pero, especialmente, requiere de decisión política y sentido de la urgencia (ya que a la grave situación descripta se suma el desafío dantesco de la irrupción de la IA, que obliga ya a capacitar a todos los maestros para formar a estudiantes en esta herramienta y educar a pensar de manera distinta). En definitiva, es imprescindible priorizar la construcción de una política integral de la profesión docente. La buena educación requiere de mejor presupuesto, planes, tecnología o gestión; son factores necesarios pero no suficientes. Por eso debe estar clara la prioridad: es la docencia.

Un caso claro de indebida motivación es el que parece estar utilizándose respecto de María Verónica Michelli. Estaría obturando su designación como jueza ante un tribunal oral federal de La Plata su relación de parentesco político con el periodista de este diario Hugo Alconada Mon. La nombrada superó todos los pasos fijados por la Constitución y fue el propio presidente Milei quien elevó su pliego al Senado, el cual prestó ya el correspondiente acuerdo.

La indebida designación de un magistrado proyecta sus efectos perniciosos por décadas; de allí la rigurosidad en la elección

Desde hace ya tiempo el titular del Poder Ejecutivo viene demorando el nombramiento, con el argumento de que falta la habilitación del referido tribunal. De ser esa la razón, no se entiende entonces por qué el Presidente envió el pliego de Michelli en primer lugar. Es verdad que existen otros magistrados en su misma situación, tanto para cubrir el referido tribunal de La Plata como el de un tribunal oral federal de Hurlingham, y que respecto de ellos tampoco se ha materializado su nombramiento, a pesar de contar los magistrados con la correspondiente propuesta del Poder Ejecutivo y el acuerdo del Senado. Existiendo una fuerte presunción de que la motivación para la no designación de Michelli resulta totalmente inadmisible, el Presidente debería firmar de inmediato el nombramiento como forma de aventar tales sospechas, con independencia de la fecha concreta de la jura de los candidatos.

En relación con otras designaciones ya efectuadas o en proceso de nombramiento, resultaría importante que quede clara la idoneidad de cada candidato, sin que la relación de parentesco con integrantes del Poder Judicial se convierta en un elemento relevante y mucho menos dirimente. La calidad de familiar de un aspirante a magistrado no debe ser un elemento que le juegue ni a favor ni en contra. De allí que el énfasis debe ser siempre puesto en las condiciones demostradas a través de los concursos y el análisis de antecedentes que efectúa el Consejo de la Magistratura, de manera de que los “padrinazgos” políticos o partidarios desaparezcan como factores de peso. En tal sentido, una indebida designación de un magistrado proyecta sus efectos perniciosos por décadas y es un factor de daño institucional muy superior al de los nombramientos de funcionarios públicos en los restantes poderes, aunque la raíz del mal –el nombramiento por parentesco o afinidad política partidaria— resulte siempre la misma.

Ferraro, que fue presidente de la Comisión Investigadora de la causa $LIBRA en la Cámara de Diputados, pone en debate un tema tan sensible como alarmante, del que se habla demasiado en los pasillos del poder: la negociación de cargos judiciales a cambio de acomodar ciertas causas. Justamente $LIBRA es una de las que más incomoda al presidente Milei y a su hermana Karina, y esto no es una presunción, vale tomar las pruebas que arrojó el peritaje del celular de Mauricio Novelli, el trader que intervino activamente en el lanzamiento de la criptomoneda que supo ser empleador del actual presidente Javier Milei, a quien contrató en 2020 para dar cursos virtuales en su incipiente firma, N&W Professional Traders. En ese entonces, Milei, que decía no “tener para comer”, comenzó a cobrar un “sueldo” en pesos y en dólares de manos de Novelli, todo esto se desprende de los registros del teléfono móvil de intermediario que quedó bajo investigación tras el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. Una vez en el poder, los Milei confiaron en Novelli y en otro trader, Manuel Terrones Godoy que, junto al suspicaz Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, y el enigmático Julián Peh, organizaron todo el despliegue del lanzamiento de la criptomoneda que terminó vinculada con una presunta estafa a escala global. Los peritajes mencionados al teléfono de Mauricio Novelli aportan pruebas suficientes para al menos investigar y demostrar en la justicia un esquema de pagos por US$ 5 millones que Davis habría pactado con el entorno de Javier Milei, esencialmente su hermana Karina, actual secretaria general de la Presidencia y la persona con mayor poder en el gobierno. Hasta existe una “confesión” involuntaria de Davis en mensajes de texto revisados por CoinDesk donde afirmó que podía “controlar” a Milei debido a los pagos que había estado haciendo a Karina Milei.

De Novelli se supo que también había contratado a Manuel Adorni y que, al igual que el exjefe de gabinete, gastaba por encima de sus posibilidades pagando en efectivo y sin factura como lo hizo con la compra de un reloj Audemars Piguet, valuado en unos 45 mil dólares. Novelli cerró la operación sin siquiera consultar el precio final y preguntó si podía pagar en efectivo. Además, se reflejó en sus chats la intención de comprar un automóvil de alta gama, ya que Novelli pidió cotización por un BMW M40i de más de 100 mil dólares y evaluó la compra de otros modelos similares. En todos los casos, insistía en operaciones en efectivo, sin facturas. También lo hizo explorando la compra de terrenos en barrios privados exclusivos, con valores que superaban el millón de dólares. Estas gestiones coincidieron con transferencias en criptomonedas que, según la investigación, rondaron los 700 mil dólares en sus cuentas: “Todo muy Adorni”, dijo un legislador aliado, que acompaña al gobierno, pero pide que las investigaciones no se caigan, comparando el comportamiento de gastos desmedidos en efectivo de Adorni con los de Novelli.

También se cree que fue el mismo Novelli quien redactó el posteo del 14 de febrero de 2025, que el presidente Milei subió y fijó en su red de X, donde figuraba el código alfanumérico del contrato, ya que el presidente mintió cuando dijo que solo lo promocionó “porque lo vio pasar”. Esto se terminó de confirmar semanas atrás con un peritaje de la Policía Federal Argentina (PFA) que contradijo la versión del presidente. El informe preliminar de Cibercrimen de la PFA concluyó que el código del token no era público cuando el mandatario lo promocionó en sus redes sociales, desmintiendo que circulara libremente en internet. Alguien se lo acercó a Milei, pero el presidente nunca dijo quien fue. Respuesta que hubiese aclarado gran parte del problema.

Todo esto es sabido, y hay mucho más, pero el tema ahora se posó en la sospecha de si realmente hay un pacto de impunidad para frenar la investigación, sospecha fundada ante un gobierno siempre dispuesto a entorpecer la marcha de la causa, cuya instrucción está en manos del fiscal Eduardo Taiano que, a pesar de todo lo que se supo, parece “marchar con el freno de mano puesto”, sin siquiera llamar a declarar a un solo testigo, cuando hay razones que sobran para hacerlo. Solo existió una llamada a declaración sobre la abogada Natalia Volosin, además periodista e investigadora de hechos de corrupción, entre ellos el caso $LIBRA, que quedó sin efecto. Un freno a tiempo al ridículo que hubiese sido que quien investiga termine contestando preguntas en sede judicial y no los investigados.

Hablar de “pacto de impunidad”, como sugiere Ferraro y varios legisladores que lo acompañaron en la investigación en el Congreso, de distintos partidos políticos, como Oscar Agost Carreño (Pro), Sabrina Selva y Juan Marino (UxP), Esteban Paulón (PS) entre otros, no es exagerado porque el argumento del magistrado prácticamente dice lo mismo que viene sosteniendo la defensa de Novelli. Básicamente señala que quienes compraron $LIBRA son inversores que “asumieron riesgos”, propios del mercado de las criptomonedas: “arriesgaron y perdieron, así son las reglas de juego”, dicen. Esta explicación no repara en los que ganaron millones por tener información privilegiada y, sobre todo, que el presidente Milei nunca presentó $LIBRA como una apuesta financiera especulativa. Su posteo, que lanzó la cripto, hablaba que la iniciativa era para financiar emprendimientos privados y así estimular la economía. No alcanzó con que utilice una metáfora como comparación: “es como jugar a la ruleta rusa”, nada de lo que intentó aclarar sirvió para tachar lo escrito, donde claramente se proponía otra cosa.

Esta disposición, el de apartar a los querellantes, puede ser apelada ante la Cámara Federal, pero inquieta y preocupa, sobre todo en una etapa de la política con cientos de designaciones de jueces y fiscales, porque todo se vuelve sospechoso, tanto que logra hacernos sentir a los argentinos que estamos empantanados en el barro de la impunidad judicial que tantas veces supo detener causas que afectaban al poder político de turno.

El martes próximo se cumplen seis años de la “fiesta de Olivos”, la reunión de la que participó el expresidente Alberto Fernández, su expareja, Fabiola Yañez y un grupo de amigos, que se sintieron impunes para hacer algo que prohibían con rigor de ley a todos los argentinos. Fueron expuestos por las capturas que se tomaron los propios protagonistas, sin importar las consecuencias, por sentirse protegidos y amparados por el poder.

La semana pasada, horas de uno de los partidos de la Argentina en el mundial de fútbol- vaya casualidad- el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió apartar a las querellas del caso $LIBRA y beneficiar directamente a los investigados, obligando a los querellantes a preparar apelaciones y a los diputados que investigaron el fraude a diseñar herramientas jurídicas para que la causa no se caiga. En ese mismo momento, uno de los beneficiados, el trader Mauricio Novelli, se mostró en Estados Unidos presenciando el partido de la Selección Argentina contra Cabo Verde, en Miami. “Qué manera de sufrir”, escribió en sus redes acompañando una selfie donde se veía el estadio detrás suyo. Se lo vio como alguien tranquilo, relajado, despreocupado. Imagen que no condice con la de alguien acusado de un megafraude con tantas pruebas en su contra.

Las imágenes a veces hablan, dicen más que las palabras. Son dos casos distintos, hechos incomparables, actores con ideas contrapuestas pero que, finalmente, están unidos por el tenso hilo de aquellos que logran sentirse inmunes.

“El poder es impunidad”, dijo el empresario Alfredo Yabrán hace casi tres décadas. Poco cambió desde entonces.

Aquel día, bajo el liderazgo de Mauricio Macri, logramos reunir a quince gobernadores, a los ministros de Educación de las veinticuatro jurisdicciones del país, a la mayoría de los gremios docentes nacionales, a representantes de las más de cincuenta universidades públicas argentinas, a numerosas universidades privadas y a organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la educación.

Quienes conocen la historia de nuestro país saben lo extraordinario que fue ese momento. Sentar en un mismo espacio a actores con intereses, responsabilidades y miradas tan distintas parecía una misión imposible. Sin embargo, ocurrió.

Paradójicamente, casi no tuvo difusión. Fue una decisión de la estrategia de comunicación de nuestro propio gobierno. Nunca compartí esa mirada. Siempre pensé que la sociedad necesitaba ver que la política también puede construir acuerdos, que no todo es confrontación y que todavía es posible trabajar juntos cuando el objetivo vale la pena.

Pero la historia de ese compromiso no empezó el 12 de julio. Había comenzado exactamente cinco meses antes.

El 12 de febrero de 2016, apenas dos meses y dos días después de asumir como ministro de Educación de la Nación, firmamos en Purmamarca un acuerdo con los ministros de Educación de las veinticuatro jurisdicciones. Ese fue el verdadero punto de partida. Allí definimos una agenda común y, sobre todo, comenzamos a construir una confianza que hacía muchos años no existía entre la Nación y las provincias.

Ese acuerdo tampoco nació de un escritorio.

Antes de convocar a los ministros, recorrí cada una de las provincias argentinas. Quería escuchar antes de proponer. Aprender antes de decidir.

Con el tiempo confirmé que ese es el primer paso de toda negociación exitosa: reconocer al otro.

Reconocer que el otro tiene experiencia. Que conoce una realidad que uno desconoce. Que puede aportar algo valioso. Cuando un dirigente cree que llega con todas las respuestas, deja de escuchar. Y cuando deja de escuchar, los acuerdos se vuelven imposibles.

Aquellos viajes estuvieron lejos de ser cómodos. En varias provincias tuve que atravesar piquetes de docentes para poder llegar al lugar de las reuniones. Algunos me preguntaban si no era mejor suspenderlas. Mi respuesta siempre era la misma: justamente porque había conflicto era imprescindible dialogar. Los piquetes no eran una excusa para dejar de escuchar; eran la prueba de que hacía falta hacerlo mucho más.

También hubo episodios que me enseñaron cómo el ejercicio del poder puede alejarse del verdadero liderazgo.

En todas las provincias me recibía el gobernador antes de la reunión con el ministro de Educación y su equipo. Era un gesto importante porque mostraba que la educación ocupaba un lugar en la agenda política de cada distrito.

Recuerdo especialmente una de esas reuniones. El gobernador me recibió en su despacho. La temperatura no debía superar los diez grados. Conversamos durante más de una hora en ese ambiente helado. Cuando terminamos, caminamos juntos hasta la sala donde nos esperaba todo el equipo de Educación. Allí el calor era sofocante, superaba ampliamente los cuarenta grados. Apenas entró, el gobernador dijo: “¡Qué calor! Prendan el aire acondicionado”.

Nunca olvidé esa escena. No por el frío ni por el calor. Porque comprendí que, para algunas personas, el poder también consiste en marcar diferencias. Mientras hablábamos a solas, el frío parecía no importar. Sin embargo, el aire acondicionado sólo se encendió cuando ingresó quien tenía el poder.

Aquella imagen reforzó una convicción que me acompañó durante toda mi gestión. El poder puede conseguir obediencia. El liderazgo consigue compromiso. El poder busca demostrar autoridad. El liderazgo inspira confianza. El poder necesita que todos sepan quién manda. El liderazgo hace que esa pregunta deje de tener importancia porque todos saben hacia dónde caminan.

Esa fue la lógica con la que trabajamos durante aquellos meses. Escuchar antes de hablar. Construir confianza antes de pedir acuerdos. Reconocer al otro antes de intentar convencerlo.

Así fue posible que, cinco meses después de Purmamarca, gobernadores, sindicatos, universidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil y los ministros de Educación de todo el país compartieran un mismo escenario y asumieran públicamente un compromiso común con la educación argentina.

Nadie renunció a sus convicciones. Nadie dejó de defender sus responsabilidades. Pero todos entendimos que existía una causa que nos obligaba a mirar más allá de nuestras diferencias: el futuro de millones de chicos argentinos.

Dialogar no implica ceder principios. Reconocer el valor del otro no disminuye nuestras propias ideas; las enriquece.

La educación tiene una característica única. Sus resultados nunca pertenecen a un gobierno. Un niño que empieza primer grado hoy terminará la escuela secundaria dentro de más de una década. Ningún presidente, ningún gobernador y ningún ministro puede atribuirse ese recorrido. Por eso las políticas educativas sólo funcionan cuando se convierten en políticas de Estado.

Diez años después, me preocupa comprobar cuánto ha retrocedido la Argentina en su capacidad para construir consensos. Pareciera que escuchar al otro fuera un signo de debilidad y que acordar significara resignar convicciones. Yo aprendí exactamente lo contrario. Escuchar fortalece. Dialogar no implica ceder principios. Reconocer el valor del otro no disminuye nuestras propias ideas; las enriquece.

La enfermedad que atravieso desde hace cinco años terminó de enseñarme esa verdad. Hoy dependo de muchas personas para hacer cosas que antes hacía solo. Esa experiencia me recordó que la verdadera fortaleza nunca fue la autosuficiencia. Siempre fue la capacidad de confiar en otros y de dejarse ayudar.

Tal vez también la Argentina necesite recuperar esa humildad.

Hace diez años demostramos que era posible reunir a personas que pensaban distinto alrededor de un objetivo común. No fue un milagro. Fue el resultado de escuchar, respetar y construir confianza.

Sigo convencido de que ese es el único camino para transformar un país. Porque el verdadero liderazgo no consiste en vencer al otro. Consiste en lograr que personas diferentes descubran que pueden caminar juntas hacia un mismo futuro.