Cómo cambiaron las reglas para supervisar los centros de detención del ICE

El modelo anterior contemplaba controles más frecuentes financiados por el Congreso con el objetivo de verificar el cumplimiento de los estándares establecidos para la detención migratoria. Con las nuevas disposiciones, los centros exclusivos del ICE deben recibir una inspección por año fiscal, mientras que las cárceles locales que mantienen convenios con la agencia son evaluadas cada dos años, según consignó CBS News.

Las instalaciones con poblaciones reducidas también quedaron alcanzadas por un esquema diferente, ya que pueden realizar procesos de autoevaluación asistida en lugar de auditorías externas periódicas. Al mismo tiempo, las inspecciones oficiales ya no revisan todos los estándares en cada visita, sino que distribuyen los controles mediante un sistema rotativo.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvieron que la frecuencia de las inspecciones depende de variables como la capacidad de alojamiento, el tipo de establecimiento y la función operativa de cada centro.

Los cuestionamientos al ICE por la falta de controles recientes en centros de detención

Entre los establecimientos con mayor capacidad, 15 de los 45 que alojan al menos a 500 personas no tuvieron una inspección durante los últimos 12 meses. Además, cinco centros de ese grupo no registraban evaluaciones en los archivos oficiales disponibles, lo que generó críticas sobre los mecanismos de supervisión del sistema.

La modificación responde a una actualización de las políticas internas del organismo, que estableció distintos intervalos de inspección según el tipo de instalación. Mientras el gobierno federal sostuvo que el nuevo esquema permite distribuir mejor los recursos de control, los especialistas y organizaciones vinculadas a los derechos de los migrantes advirtieron sobre los efectos de una menor frecuencia de auditorías.

“Muchas instalaciones presentan deficiencias y se requieren reevaluaciones frecuentes para garantizar que se aborden dichas deficiencias”, afirmó a CBS News la profesora adjunta de la facultad de medicina de la Universidad de California en Los Ángeles, Annette Dekker.

El análisis de CBS News también indicó que la mayoría de las inspecciones detectan algún tipo de incumplimiento de los estándares establecidos por el ICE. Sin embargo, distintas investigaciones señalaron que la presencia de deficiencias no siempre deriva en sanciones ni en la cancelación de contratos con los operadores de los establecimientos.

Además, según el medio, muchas auditorías son notificadas previamente, lo que permitiría a las instalaciones implementar cambios temporales antes de la llegada de los inspectores. Para algunos investigadores, esta modalidad dificulta conocer las condiciones habituales en las que permanecen las personas detenidas.

Casos bajo seguimiento y debate sobre los centros de detención del ICE

Durante la segunda gestión de Donald Trump, varios centros de detención del país norteamericano fueron escenarios de denuncias sobre las condiciones de los detenidos. Un ejemplo de esto es el Stewart Detention Center, en Georgia, el cual recibió acusaciones de familiares que indicaron un deterioro en el estado físico y emocional de los inmigrantes alojados.

Según lo retomado por CBS News, la última inspección registrada en ese centro corresponde a marzo de 2025.

Otro caso es el Adelanto ICE Processing Center, en California. Tras la inspección realizada en septiembre de 2025, surgieron diferencias entre los resultados de las auditorías del ICE y las observaciones formuladas por autoridades estatales sobre la disponibilidad de personal médico.

También aparecen acusaciones contra el Camp East Montana, en El Paso, donde las revisiones gubernamentales identificaron problemas vinculados con las condiciones de higiene y seguridad. Por su parte, la instalación conocida como “Alligator Alcatraz”, en Florida, cerró sus operaciones sin haber sido inspeccionada formalmente por el ICE.

“No está a la venta”: el pedido de Donald Trump a la Corte Suprema por la ciudadanía de nacimiento

Trump anunció su iniciativa a través de su cuenta de Truth Social. Allí, aseguró que el fallo derivaba en estafas millonarias a personas que buscaban obtener el beneficio migratorio.

“Se están colocando letreros y vallas publicitarias por toda nuestra frontera sur y México que anuncian ciudadanía de nacimiento con ‘entregas desde US$4000′. Miles de millones de dólares se van ganar con esta estafa", dijo el presidente.

Luego agregó: “No es sostenible. ¡nadie vio venir esto! ¡La ciudadanía estadounidense no estaba a la venta!“.

Bajo ese contexto, calificó la sentencia del máximo tribunal como “errónea” y solicitó que se revisara su orden ejecutiva. “Solicitaré una nueva audiencia ante la Corte Suprema de forma inmediata. Este error judicial destruirá a Estados Unidos si no cambian esta decisión descabellada", expuso.

¿La Corte Suprema puede hacer una revisión del caso por la ciudadanía de nacimiento?

Las peticiones de revisión ante la Corte Suprema se regulan a través de la Regla 44, que establece que toda reconsideración debe presentarse dentro de los 25 días posteriores a la fecha de la sentencia o decisión.

Al 8 de julio, fecha del comunicado de difundido por Trump, han transcurrido ocho días del fallo del máximo tribunal.

La solicitud debe presentarse junto con una certificación firmada por el abogado. Además, solo se pueden conceder por mayoría del Tribunal y se resuelve sin audiencia oral, según consignó Cornell Law School.

“Una petición no se concederá salvo por mayoría del tribunal, a instancia de un magistrado que haya concurrido con el fallo o la decisión“, esitpula la normativa citada por la facultad de Derecho en Ithaca, Nueva York.

Aunque las solicitudes de reconsideración están reguladas por esta norma, rara vez avanzan. Según un artículo del profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown, Steven Vladeck, el Tribunal Supremo no ha accedido a revisar un fallo de un caso ya resuelto desde 1965. La última vez que revocó una decisión que había tomado en un caso fue en 1956.

Qué estipuló el fallo de la Corte Suprema que rechaza Donald Trump

La decisión fue adoptada el pasado 30 de junio por seis votos contra tres. En la resolución, el tribunal determinó que los niños nacidos en suelo estadounidense continúan con la adquisición de la ciudadanía de forma automática, aun cuando sus padres se encuentren en el país norteamericano sin autorización migratoria o con permisos de permanencia temporal.

“La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos, a participar en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a toda persona nacida libre en esta tierra. Mantenemos esa promesa hoy", señaló en la resolución el presidente del tribunal, John Roberts.

El fallo rechazó así la Orden Ejecutiva 14160, firmada el 20 de enero de 2025, que intentaba modificar la aplicación de la ciudadanía por nacimiento para dos grupos específicos:

• Los hijos de madres que permanecieran de manera irregular en Estados Unidos cuando el padre no fuera ciudadano estadounidense ni residente permanente legal.
• Aquellos nacidos de madres con presencia legal temporal cuando el padre no fuera ciudadano estadounidense ni residente permanente legal.

Cómo las vans de trabajo terminaron en operativos vinculados al ICE

Las imágenes y conversaciones obtenidas por el Atlanta Journal-Constitution documentan distintos casos en los que agentes locales notificaron al ICE después de detener vehículos utilizados para trasladar trabajadores.

Uno de los intercambios que más llamó la atención fue registrado por la cámara corporal de un policía de Jefferson, en Georgia. En el video, un oficial escribió a un compañero: “Las vans o camionetas de trabajo con varios ocupantes son el objetivo general. Si detienes una, avísame y haré que el ICE vaya en camino”.

En otro mensaje, el mismo agente explicó que solía ubicarse cerca de una salida de la autopista para interceptar ese tipo de vehículos. Según la investigación del AJC, uno de los episodios ocurrió cuando una van blanca que transportaba trabajadores fue detenida por circular lentamente en el carril izquierdo.

Tras revisar la documentación del conductor, el oficial contactó a un agente migratorio, que llegó pocos minutos después para efectuar la detención. También se analizaron otros dos procedimientos realizados por la Patrulla Estatal de Georgia en Gainesville. En ambos casos, los conductores fueron interceptados por infracciones consideradas menores, como un parabrisas agrietado o el polarizado de las ventanas, y posteriormente quedaron bajo custodia de autoridades migratorias.

Qué explicaron las autoridades sobre estos procedimientos del ICE

El abogado de la ciudad de Jefferson aseguró al AJC que no existía un acuerdo formal entre el departamento de policía y el ICE, sino una colaboración informal iniciada tras la visita de un agente federal. También sostuvo que los oficiales no deberían seleccionar vehículos específicos para realizar controles de tránsito.

Por su parte, la Patrulla Estatal de Georgia afirmó que sus agentes no detienen automóviles con el objetivo de verificar el estatus migratorio de los ocupantes, sino por presuntas infracciones viales.

Según explicó, cuando durante esos procedimientos surge una sospecha razonable sobre la situación migratoria de una persona, los agentes pueden comunicarse con autoridades federales de acuerdo con los protocolos vigentes.

Qué puede hacer el ICE durante una detención de tránsito

Fuera de las zonas cercanas a la frontera internacional, los agentes federales no pueden instalar controles aleatorios para verificar el estatus migratorio de las personas. Además, para iniciar una acción migratoria deben contar con una sospecha razonable basada en hechos específicos, un criterio reconocido por la jurisprudencia estadounidense. La raza o el origen étnico, por sí solos, no cumplen ese estándar.

Sin embargo, especialistas consultados por el AJC señalaron que, una vez que un conductor es detenido por una infracción vial, aunque sea menor, los agentes federales pueden intervenir si reciben una notificación de las autoridades locales.

El abogado de inmigración Joshua McCall explicó al medio citado que muchas detenciones comienzan con faltas de tránsito menores que luego derivan en la participación del ICE, lo que genera temor entre comunidades de trabajadores migrantes en distintos puntos de Estados Unidos.

Extensión del TPS para venezolanos: el reclamo que gana fuerza en EE.UU.

Según N+ Univision, organizaciones de inmigrantes intensificaron una campaña para solicitar la extensión del TPS para venezolanos o una nueva designación del programa. La iniciativa incluye la recolección de firmas y el envío de cartas a legisladores federales con el objetivo de sumar respaldo político a la propuesta.

La campaña es impulsada por la National TPS Alliance junto con otras entidades dedicadas a la defensa de los inmigrantes. Los promotores buscan que congresistas y senadores apoyen formalmente una medida que permita restablecer las protecciones para quienes podrían quedar expuestos a procedimientos migratorios.

Además de reunir adhesiones, los organizadores invitan a integrantes de la comunidad venezolana y a sus aliados a comunicarse con representantes del Congreso para respaldar iniciativas legislativas relacionadas con el beneficio.

Los impulsores del reclamo sostienen que Venezuela atraviesa dificultades económicas, problemas de seguridad y desafíos humanitarios que durante años justificaron la aplicación de medidas especiales. A ese panorama, agregan, ahora se suman los daños ocasionados por los recientes movimientos sísmicos.

Qué es el TPS y quiénes podrían beneficiarse

El TPS permite que ciudadanos de determinados países permanezcan legalmente en EE.UU. cuando sus naciones enfrentan conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias que dificultan un retorno seguro.

El programa también otorga autorización de trabajo en EE.UU., aunque no representa un camino directo hacia la residencia permanente ni hacia la ciudadanía estadounidense.

Las agrupaciones que promueven la redesignación sostienen que una eventual aprobación alcanzaría a miles de venezolanos que construyeron su vida en ese país, con empleos estables, familias y años de residencia en distintas comunidades.

Según los defensores de la iniciativa, una nueva protección beneficiaría especialmente a quienes enfrentan incertidumbre sobre su situación migratoria. Entre los potenciales beneficiarios figuran trabajadores de sectores como la construcción, los servicios, la logística, el comercio minorista, la gastronomía y el cuidado de personas, áreas donde la comunidad venezolana tiene una gran presencia.

El escenario legal tras el fallo de la Corte Suprema

El pedido surge en medio de una disputa política y judicial sobre el futuro del programa para los ciudadanos venezolanos. De acuerdo con N+ Univision, algunos beneficiarios conservan resguardos temporales gracias a situaciones particulares o litigios aún abiertos. Sin embargo, especialistas en temas migratorios señalan que una parte importante de quienes estaban amparados por el programa perdió esa cobertura durante 2025.

A esto se suma una decisión reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos, que el 25 de junio limitó la capacidad de los tribunales para revisar determinaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) relacionadas con la concesión o cancelación del TPS.

Para las organizaciones que defienden a los inmigrantes, ese fallo reduce las alternativas disponibles en los tribunales y vuelve más relevante la búsqueda de soluciones por la vía política. Las entidades que respaldan la campaña consideran que los terremotos registrados recientemente en Venezuela refuerzan los argumentos para una nueva evaluación de las condiciones de ese país.

“Estoy preocupado”: así fue la detención de Alejandro mientras hablaba con su esposa

El hecho ocurrió en la mañana del 5 de julio, mientras estaba en un vehículo con sus compañeros de trabajo. Allí, fueron detenidos por una patrulla estatal en una parada de tráfico y les solicitaron sus documentos de identidad.

En ese momento, Alejandro llamó por videollamada a su esposa y comenzó a rezar en busca de protección. “Estoy preocupado (…) Padre Santo, no permitas estas cosas”, expresaba con un gesto intranquilo.

Los primeros minutos transcurrieron con calma. El migrante conversó con la oficial sobre temas cotidianos, como el clima y sus ocupaciones. Sin embargo, al poco tiempo, la situación dio un giro inesperado.

“Chicos, lo siento, tengo que llevarlos”, les dijo la autoridad estatal. “¿Está segura?”, le respondió Alejandro, a lo que esta contestó: “Inmigración me lo pidió”.

“Me van a llevar preso”: el recorrido de Alejandro en vivo

Poco después de conocer su panorama, el migrante se mostró afligido ante su esposa, quien continuaba en la videollamada. “Amor, me van a llevar preso”, le informó.

Mientras los agentes lo sacaban del coche, preguntaba la razón detrás de su detención. “Migración lo dijo, ojalá pudiera dártela”, le reconoció la agente de la patrulla.

Al no conocer los motivos de su arresto, aprovechó los minutos restantes de la videollamada para dejar todo organizado con su familia. “Te van a transferir lo de la semana del fondo. Te amo mucho, cuida a mi hijo, por favor”, le dijo entre lágrimas a su esposa.

El estatus actual del caso de Alejandro

El video de la videollamada fue publicado por N+Univision. Hasta la fecha, Alejandro se encuentra detenido y se desconoce cómo avanza su caso. El migrante contaba con permiso de trabajo, fecha en la corte y procedimientos en marcha.

El nuevo objetivo del ICE en las redadas

De acuerdo con un estudio reciente publicado por el Proyecto de Datos de Deportación, las detenciones del ICE se cuadruplicaron durante la administración Trump.

Para junio de 2025, las detenciones de inmigrantes sin antecedentes penales superaron las de personas con condenas. Para diciembre de ese mismo año, la agencia había arrestado en Texas al doble de personas sin cargos ni condenas penales que de delincuentes convictos.

Qué se sabe de las auditorías del Uscis en las solicitudes de green card por matrimonio

De acuerdo con Telemundo y NPR, pese a que no cambiaron los requisitos para obtener la ciudadanía por matrimonio, el proceso se volvió más difícil, lento y discrecional. Los nuevos escrutinios incluyen:

• Visitas a empleadores y vecinos de la unión conyugal para confirmar que la relación es legítima.
• Contacto con instituciones financieras para revisar las cuentas bancarias de la pareja.
• Incremento de entrevistas “más rigurosas”.

“La vida se volvió mucho más difícil para los estadounidenses casados ​​con personas que no nacieron en este país”, señaló Ashley DeAzevedo, directora ejecutiva de American Families United, según consignó NPR.

Riesgos de deportación durante las revisiones

La administración Trump remarca que la presentación de una petición de familiar extranjero (Formulario I-130) no otorga protección legal contra acciones de control migratorio. Por lo tanto, el hecho de contraer matrimonio no exime a los cónyuges en estatus irregular de ser considerados sujetos potenciales para procesos de deportación durante la espera de su residencia.

Bajo esta premisa, se documentaron casos en los que cónyuges de ciudadanos estadounidenses fueron detenidos durante revisiones de rutina o entrevistas de naturalización. Un ejemplo de ello fue el caso de Felicitas Lauría, una joven argentina que fue arrestada por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) mientras acudía a la entrevista personal de cónyuges. Actualmente, se encuentra en libertad condicional.

“Le pusieron una cadena de los pies hasta la cintura y en las manos. Durante esas 48 horas no le sacaban la cadena ni para ir al baño, salvo una mano para bajarse la ropa“, dijo su mamá Mariana Lozita en diálogo con LA NACION. “Esos días fueron terroríficos: ella lloraba sin parar, no podía dormir, tenía mucho frío porque estaba con su ropa de verano, tenía náuseas porque no podía ni comer”.

Qué casos de residencia por matrimonio reciben una revisión más rigurosa

Telemundo asegura que las autoridades federales profundizan en las auditorías de aquellos matrimonios cuya unión se concretó poco después de llegar a Estados Unidos o de quienes permanecieron más tiempo del debido por su visa.

Qué cambia para las solicitudes migratorias

La medida judicial, que se dio en el marco del caso John Doe 1 v. Joseph B. Edlow, suspende de forma preliminar la aplicación de tres directrices internas utilizadas por la agencia para detener la resolución de beneficios migratorios. Esto impacta a los ciudadanos de países incluidos en las restricciones de viaje establecidas durante el gobierno de Donald Trump.

El magistrado concluyó que los demandantes demostraron suficientes fundamentos para sostener que esas políticas podrían ser incompatibles con la legislación federal que regula el funcionamiento de las agencias administrativas.

“Este tribunal determina que los demandantes probablemente tengan éxito en los méritos de sus reclamos bajo la Ley de Procedimiento Administrativo por retención ilegal y demora irrazonable, por falta de procedimientos de notificación y comentario, y por exceder la autoridad", dijo Marbley en el fallo.

Como parte de la orden, el Uscis deberá retomar el análisis de las solicitudes presentadas por los demandantes en:

• Residencia permanente (formulario I-485)
• Documentos de viaje (I-131).

Además, el tribunal fijó un plazo de 30 días para resolver los trámites de autorización de empleo (I-765) incluidos en la demanda. En los casos vinculados con programas de Capacitación Práctica Opcional, la agencia deberá ajustar la vigencia de los permisos para compensar el tiempo perdido durante la suspensión.

La resolución también ordenó entregar de inmediato un permiso de trabajo que ya había sido aprobado, pero permanecía retenido debido a la aplicación de las políticas cuestionadas.

Los argumentos del fallo contra las políticas del Uscis

El juez sostuvo que existe una probabilidad de que el Uscis haya incumplido la Ley de Procedimiento Administrativo al mantener suspendidos los expedientes durante un período indefinido. Entre los fundamentos, indicó que las agencias federales tienen la obligación de resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de un plazo razonable.

Además, señaló que una paralización sin fecha de finalización puede constituir una demora contraria a la ley.

El juez también cuestionó la relación entre las restricciones de ingreso al país norteamericano y la suspensión de beneficios para personas que ya se encontraban legalmente dentro de EE.UU. El magistrado criticó la forma en que la administración Trump se ampara en la seguridad pública para aplicar sus políticas restrictivas.

“La lógica de examinar a los nacionales extranjeros que están fuera del país no tiene sentido cuando se aplica de manera indiferenciada a los demandantes, que ya están en el país“, argumentó.

Cuáles son las políticas migratorias que quedaron bajo revisión

El litigio se centra en la Alerta de Política PA-2025-26 y en los memorandos PM-602-0192 y PM-602-0194, emitidos entre noviembre de 2025 y enero del presente año. Estas disposiciones instruían al personal del Uscis a detener la resolución de distintos beneficios migratorios para ciudadanos de determinados países alcanzados por proclamaciones presidenciales relacionadas con restricciones de viaje.

También las medidas establecían que la nacionalidad debía considerarse como un elemento de peso durante la evaluación de algunos trámites. Esto afectaba procedimientos como:

• Solicitudes de residencia permanente
• Documentos de viaje
• Permisos de trabajo
• Reemplazos de tarjetas de residencia
• Procesos de asilo
• Revisiones de beneficios previamente concedidos

La reciente decisión del tribunal de Ohio se suma a resoluciones similares dictadas por jueces federales en otros estados que también limitaron la aplicación de estas políticas migratorias.

Qué establece Uscis sobre el formulario I-94 y el TPS para venezolanos

La medida que mantiene algunos documentos en vigencia alcanza a quienes se reinscribieron bajo la extensión correspondiente a la designación de Venezuela de 2023. Entre los documentos comprendidos por esta disposición, según el Uscis, figuran:

• El formulario I-94
• Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés)
• Los formularios I-797, utilizados por el organismo para notificar distintas actuaciones dentro de un trámite migratorio

La regla aplicada por Uscis mantiene la validez de esos permisos hasta el 2 de octubre, pese a que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) concluyó que Venezuela dejó de reunir las condiciones necesarias para continuar bajo el programa TPS.

La continuidad de estos beneficios responde a una orden emitida el 30 de mayo de 2025 por el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de California. Esa resolución preservó la vigencia de los documentos para el grupo alcanzado, aun después de que el Tribunal Supremo autorizara la terminación del estatus.

Como consecuencia, quienes reúnen las condiciones previstas podrán seguir con los permisos migratorios y conservarán la autorización para trabajar en el país norteamericano hasta la fecha establecida en esa resolución judicial.

Diferencias entre las designaciones de Venezuela de 2021 y 2023

Las autoridades migratorias aclararon que esta protección no comprende a todos los beneficiarios venezolanos del TPS. La disposición se limita a quienes participaron en la extensión vinculada a la designación de 2023 y no alcanza automáticamente a los inscritos bajo la designación de 2021.

En ese segundo grupo, la cancelación del programa entró en vigor el 7 de noviembre de 2025, por lo que las fechas y condiciones aplicables son distintas respecto de quienes quedaron amparados por la resolución judicial.

Además, algunos titulares de permisos de trabajo con vencimientos originales en abril o septiembre de 2025 pudieron acceder a una extensión automática de hasta 540 días, siempre que cuenten con una notificación de recibo del formulario I-797 emitida antes del 6 de febrero de ese año.

Qué cambia tras la decisión de la Corte Suprema sobre el TPS

El 25 de junio, la Corte Suprema resolvió que la legislación vigente limita la posibilidad de que los tribunales revisen decisiones administrativas relacionadas con la finalización de las designaciones del TPS cuando no se plantean cuestiones constitucionales. Ese criterio elimina los obstáculos judiciales que impedían ejecutar la cancelación del programa para determinados países.

Como resultado, las protecciones fueron levantadas para beneficiarios de Haití y Siria, mientras que el precedente también fortalece la autoridad del DHS para finalizar designaciones correspondientes a otras naciones. El nuevo escenario incrementa la incertidumbre para ciudadanos de países como:

• Venezuela
• Afganistán
• Birmania/Myanmar
• Camerún
• El Salvador
• Etiopía
• Haití
• Honduras
• Líbano
• Nepal
• Nicaragua
• Somalia
• Sudán del Sur
• Sudán
• Siria
• Ucrania
• Yemen

La terminación del TPS implica la pérdida de la protección migratoria y de la autorización para trabajar cuando no exista otra disposición judicial o administrativa que mantenga vigentes esos beneficios.

Cómo acreditar la autorización de empleo en EE.UU.

Para los venezolanos incluidos en la extensión vigente, el Uscis permite demostrar la autorización laboral mediante la presentación del EAD junto con la notificación de recibo correspondiente del formulario I-765, siempre que esta haya sido emitida antes del 6 de febrero de 2025.

De esta manera, el grupo beneficiado por la resolución judicial podrá mantener la validez de sus documentos migratorios y laborales hasta el 2 de octubre, mientras el resto de las cancelaciones del TPS producen efectos conforme a las decisiones adoptadas por las autoridades federales y los tribunales estadounidenses.

Hannah Dugan espera la sentencia tras ser condenada por obstrucción

De acuerdo con la agencia Associated Press, la exjueza del tribunal de circuito del condado de Milwaukee, Hannah Dugan, de 67 años, debía comparecer este miércoles ante un tribunal federal para conocer la sentencia por el delito grave de obstrucción, luego de haber sido declarada culpable por un jurado el 19 de diciembre.

La exmagistrada se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión. Dos semanas después del veredicto, presentó su renuncia al cargo, mientras aumentaban las amenazas de un proceso de destitución promovido por legisladores republicanos de Wisconsin. Antes de abandonar la judicatura, había ejercido durante nueve años como jueza del tribunal de circuito de Milwaukee.

Según Associated Press, el caso trascendió el ámbito judicial porque coincidió con la estrategia de la administración Trump de reforzar los operativos migratorios dentro y en los alrededores de los tribunales.

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) comenzaron a esperar a inmigrantes citados a distintas audiencias para ejecutar órdenes de detención, una práctica que generó fuertes cuestionamientos de organizaciones civiles y respaldo por parte de sectores conservadores.

ICE y la estrategia migratoria que convirtió el caso Dugan en un símbolo

Para los republicanos, la entonces jueza cruzó un límite al interferir deliberadamente en una operación de cumplimiento de la ley. En cambio, la defensa sostuvo durante el juicio que el gobierno buscó convertirla en un ejemplo para enviar un mensaje al resto del Poder Judicial.

Los abogados de la exjueza sostuvieron que la administración pretendía “aplastarla” con el objetivo de garantizar que otros magistrados no obstaculizaran las acciones vinculadas a la ofensiva migratoria del gobierno federal.

Tras la condena, el congresista republicano Tom Tiffany, aliado político del presidente Donald Trump y entonces precandidato a gobernador de Wisconsin, llegó incluso a pedir públicamente que la exjueza fuera encarcelada en una publicación en redes sociales.

Antes de la audiencia de sentencia, los abogados de Dugan evitaron realizar declaraciones. Sin embargo, anticiparon que la exmagistrada tenía previsto dirigirse personalmente al tribunal, lo que representaría sus primeras manifestaciones públicas sobre el caso después de más de un año de silencio.

Wisconsin: la disputa por la condena y el pedido de prisión

La defensa intentó durante el proceso que se reconociera la inmunidad judicial de Dugan, al argumentar que las decisiones adoptadas mientras ejercía como jueza no podían dar lugar a un proceso penal. No obstante, el juez federal Lynn Adelman rechazó esa interpretación y también desestimó los intentos de anular la condena.

En el memorando de sentencia presentado por la fiscalía, los representantes del gobierno sostuvieron que la exjueza incumplió el juramento realizado al asumir el cargo y puso en riesgo tanto a los agentes encargados de hacer cumplir la ley como a la seguridad pública.

El fiscal federal adjunto Richard Frohling escribió que los jueces cuentan con un amplio margen de discrecionalidad, aunque afirmó que existe un límite que no pueden sobrepasar y sostuvo que Dugan lo había cruzado.

Hannah Dugan y el operativo que originó el proceso judicial

Todo comenzó el 18 de abril de 2025, cuando agentes migratorios acudieron al tribunal del condado de Milwaukee después de enterarse de que el ciudadano mexicano Eduardo Flores-Ruiz, de 31 años, debía presentarse ante Dugan en una audiencia relacionada con un caso estatal por agresión.

Los agentes pretendían detenerlo porque había reingresado ilegalmente a EE.UU.. Al llegar al tribunal, la jueza salió a su encuentro y cuestionó la validez de la orden administrativa que portaban, al sostener que no constituía fundamento suficiente para concretar el arresto dentro del edificio judicial.

Después de ese intercambio, los agentes se dirigieron a la oficina del juez principal. Mientras tanto, Dugan permitió que Flores-Ruiz y su abogada abandonaran el juzgado por una puerta privada destinada habitualmente al jurado.

Sin embargo, los agentes lograron localizar al inmigrante en un pasillo del edificio. Lo siguieron hasta el exterior y finalmente concretaron su arresto después de una breve persecución a pie.

Una semana más tarde, agentes del FBI arrestaron a Dugan dentro del mismo tribunal y la retiraron esposada. Meses después, en noviembre, Eduardo Flores-Ruiz fue deportado.