Los operativos con presencia del ICE en Los Ángeles por el partido de España

Desde las 15 hs (hora del Este de Estados Unidos), España enfrenta a Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026 y, en este marco, el ICE intervendrá en el operativo de seguridad en Los Ángeles. En sus tareas, colaborará con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y su subdivisión, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

La presencia de agentes responde a un protocolo establecido para los eventos catalogados con el mayor nivel de seguridad dentro del sistema federal, según la información oficial. En lugar de realizar redadas de control migratorio, el objetivo es preservar la seguridad de jugadores, trabajadores y espectadores durante el desarrollo del partido.

Previamente, el zar fronterizo Tom Homan indicó en diálogo con CBS News que la agencia federal tomará medidas si ve a inmigrantes indocumentados involucrados en una situación que represente un problema para la seguridad, pero aclaró que esa no es la prioridad de la agencia durante el torneo.

En primera instancia, según el funcionario, las personas con documentación regular no deberían verse afectadas por los controles.

SEAR 1 y las tareas del ICE durante los operativos del Mundial 2026

Antes de que la Copa del Mundo comenzara, el DHS la clasificó en el nivel SEAR 1 (Special Event Assessment Rating). Esto corresponde a la categoría federal más alta y representa la participación coordinada de distintas agencias federales.

En concreto, el protocolo establecido a nivel nacional implica que los agentes concentren parte de sus tareas en:

• Combatir la reventa ilegal de entradas.
• Detectar mercancía falsificada.
• Reforzar los controles frente a actividades vinculadas con el narcotráfico en rutas de transporte.

Por su parte, Markwayne Mullin, secretario del DHS, se refirió en diálogo con CBS News a la imagen que se construyó sobre la agencia. “Los medios y el público han convertido a los agentes del ICE en villanos. Por eso, cuando están presentes en estos eventos deportivos, no estamos haciendo control de inmigración”, resaltó.

Después del partido de esta tarde, no habrá más duelos del Mundial en Los Ángeles, por lo que termina el despliegue del ICE en la zona en el contexto del torneo deportivo.

Cómo llegan España y Bélgica a los cuartos de final del Mundial 2026

La Copa del Mundo tiene una nueva jornada este viernes 10 de julio, con la participación de uno de los favoritos a llevarse la copa. España, que terminó en el primer puesto en fase de grupos con dos triunfos y un empate, venció en dieciseisavos de final a Austria por 3 a 0.

En octavos, los dirigidos por Luis de la Fuente enfrentaron su mayor desafío ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. Con un desarrollo reñido, lograron avanzar a los cuartos de final con un gol de Mikel Merino en tiempo de descuento, lo que sentenció el triunfo 1-0.

Bélgica terminó la fase de grupos con dos empates y una victoria. En dieciseisavos, frente a Senegal, parecía quedar afuera con un 0-2 en contra parcial, pero logró sobreponerse y, tras empatar en los 90 minutos, se impuso por 3-2 en el tiempo extra.

En octavos de final tuvo su mejor partido y goleó por 4-1 al anfitrión Estados Unidos para obtener el pase a cuartos.

Kobe Bryant: el origen de la ley que firmó Gavin Newsom

La legislación corresponde a la Assembly Bill 2655, presentada por el asambleísta Mike Gipson y aprobada por el gobernador Gavin Newsom el 28 de septiembre de 2020. Aunque fue sancionada ese año, sus principales disposiciones comenzaron a aplicarse el 1° de enero de 2021, fecha desde la cual permanece en vigor.

De acuerdo con el texto de la ley, la medida surgió para incorporar al Código Penal de California un nuevo delito vinculado con la invasión de la privacidad por parte de los primeros respondedores de una emergencia.

Hasta entonces, la legislación estatal ya prohibía la reproducción o difusión de fotografías tomadas por el forense del cuerpo de una persona fallecida, pero no existía una restricción específica para que otros integrantes de los equipos de emergencia capturaran imágenes en el lugar de un accidente o de un crimen.

California: qué prohíbe la AB 2655

La ley creó la Sección 647.9 del Código Penal de California, que establece que un primer respondedor que actúe en el ejercicio de sus funciones y acuda a la escena de un accidente incurre en un delito menor si toma fotografías de una persona fallecida para cualquier propósito distinto de un objetivo oficial de las fuerzas del orden o de un auténtico interés público.

La prohibición alcanza a cualquier medio utilizado para obtener la imagen. Esto incluye tanto dispositivos electrónicos personales como equipos pertenecientes a la agencia para la que trabaja el funcionario.

La norma también fija una sanción concreta. Cada infracción puede castigarse con una multa de hasta 1000 dólares, al tratarse de un delito menor previsto expresamente por la nueva disposición incorporada al Código Penal. Según el texto de la AB 2655, la responsabilidad recae sobre el primer respondedor que capture la imagen fuera de las excepciones contempladas por la ley.

La legislación define además quiénes son considerados “primeros respondedores”. Dentro de esa categoría se encuentran:

• Policías estatales y locales.
• Paramédicos.
• Técnicos en emergencias médicas.
• Personal de rescate.
• Administradores de emergencias.
• Bomberos.
• Forenses.
• Empleados de las oficinas forenses.

California: los argumentos que respaldaron la iniciativa

El análisis elaborado para la votación final de la iniciativa en la cámara legislativa explica que la propuesta restringe determinadas conductas vinculadas con la toma de fotografías, una actividad protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Sin embargo, el documento sostiene que la medida fue diseñada de forma limitada, ya que solo alcanza a una categoría específica de funcionarios públicos que ejercen un cargo de confianza y únicamente respecto de imágenes particularmente sensibles obtenidas durante el desempeño de sus funciones.

El mismo análisis aclara que la ley no modifica los derechos de los ciudadanos particulares ni autoriza a funcionarios públicos a impedir que personas privadas realicen acciones que no están comprendidas en esta prohibición. Esa explicación figura en el análisis legislativo elaborado para la votación de concurrencia de la AB 2655.

El propio autor del proyecto, Mike Gipson, explicó en ese documento el contexto que motivó la iniciativa. Allí sostuvo: “Todavía lloramos la memoria de Kobe Bryant, su hija Gigi y otras siete personas que perdieron la vida en un accidente de helicóptero la mañana del 26 de enero de 2020. Sin embargo, lo que descubrimos después fue inaceptable: quienes tenían la tarea de responder a esta tragedia distribuyeron de manera inapropiada imágenes que tomaron de la escena para su propio entretenimiento personal”.

También afirmó que esas conductas “podrían causar daños civiles o responsabilidades para las agencias afectadas y son invasivas respecto de la privacidad de las familias”, razón por la cual impulsó la creación del entonces nuevo delito.

Gavin Newsom promulgó la SB 177 para proteger Medi-Cal

De acuerdo con un comunicado de la oficina del gobernador, Gavin Newsom firmó la Senate Bill 177, conocida como Fair Share from Big Corporations Act, una norma impulsada por el Comité de Presupuesto y Revisión Fiscal con el objetivo de proteger Medi-Cal y los servicios de salud de los que dependen millones de californianos.

La administración estatal sostuvo que la legislación representa un paso importante para exigir que las corporaciones más grandes asuman los costos de la cobertura médica de sus trabajadores, en lugar de trasladarlos a los contribuyentes.

• El gobernador sostuvo que California continuará con su respaldo a la innovación, la inversión y el desarrollo empresarial.
• Newsom remarcó que las compañías con mayores ganancias también deben contribuir de manera proporcional al financiamiento de la atención médica de sus empleados.
• En ese sentido, afirmó que, mientras la administración federal “da la espalda a las familias trabajadoras”, el estado opta por fortalecer el acceso a la salud y proteger a quienes sostienen la economía.

¿Qué establece la nueva ley SB 177 para California?

Según el texto de la SB 177, la legislación crea formalmente el Fair Share from Big Corporations Act, incorporándolo al Código del Seguro de Desempleo de California.

La norma ordena que el Department of Finance presente, a más tardar el 1° de marzo de 2027, una o más alternativas para responsabilizar a las corporaciones más grandes por los costos que generan los empleados inscritos en Medi-Cal.

Entre los elementos que deberá incluir ese informe figuran:

• Opciones para que las grandes empresas asuman parte del costo de los trabajadores inscritos en Medi-Cal.
• Una propuesta que contemple el pago de una prima por parte de empleadores con al menos 250 trabajadores cuando no ofrezcan cobertura médica a esos empleados.
• Datos elaborados por organismos estatales para estimar cuántos trabajadores de las principales corporaciones utilizan Medi-Cal.
• El texto legislativo necesario para implementar cada alternativa.
• Un análisis de costos y del cronograma requerido para poner en marcha cada propuesta si es aprobada durante la sesión legislativa de 2027.

La ley también dispone una asignación de 10.000 dólares provenientes del Fondo General del estado para que el Department of Finance pueda desarrollar el trabajo previsto por la normativa.

Al tratarse de una medida relacionada con el presupuesto estatal, la legislación entró en vigor de manera inmediata tras su aprobación.

Medi-Cal y el impacto de los recortes federales

El texto de la ley explica que la creación de este nuevo mecanismo responde al impacto que tendrían las modificaciones federales sobre el programa Medicaid, conocido en California como Medi-Cal.

La Legislatura señala que la Ley Pública 119-21 introdujo los mayores recortes de la historia del programa federal y que esos cambios fueron aprobados para financiar importantes reducciones impositivas destinadas a grandes corporaciones.

La medida sostiene además que algunas empresas pagan salarios lo suficientemente bajos como para que parte de su personal dependa de programas públicos de salud, lo que traslada así una parte de sus costos laborales al Estado.

Según las conclusiones incorporadas al texto legal, esta situación genera una carga para los contribuyentes y aporta al déficit estructural que enfrenta California.

Otro de los argumentos recogidos por la norma es que la mayoría de los adultos que reciben beneficios de Medicaid ya trabajan.

El documento legislativo cita datos según los cuales el 92% de esos beneficiarios tiene empleo y percibe salarios considerados insuficientes.

También menciona un informe de 2022 de la Congressional Budget Office, que concluye que los requisitos laborales, por sí solos, no suelen aumentar el empleo si no van acompañados de apoyos específicos, como servicios de cuidado infantil o transporte.

Por qué cierra Fiesta Village Family Fun Park en California

Según SFGATE, el parque ubicado en la ciudad de Colton confirmó que sus últimas jornadas abiertas al público serán el 10 y 11 de julio. La noticia generó reacciones entre vecinos y antiguos visitantes que recuerdan el lugar como uno de los espacios recreativos más tradicionales de la región.

Los propietarios, Michelle y Patrick O’Brien, explicaron que la operación del parque dejó de ser sostenible debido a diversos factores económicos que impactaron a la industria del entretenimiento.

De acuerdo con declaraciones recogidas por SFGATE, los dueños señalaron que el aumento de los costos operativos y una disminución gradual de la asistencia de visitantes fueron determinantes en la decisión. “La economía del sector de los parques de diversiones y lo que hacemos ha cambiado drásticamente”, afirmó Michelle O’Brien al explicar los motivos.

La familia también informó que intentó encontrar compradores para mantener el complejo en funcionamiento, pero finalmente no recibió propuestas que permitieran garantizar la continuidad del negocio.

Un parque de California con más de cinco décadas de historia

El complejo abrió sus puertas en 1974 y se convirtió en un referente para las familias del Inland Empire gracias a una amplia variedad de atracciones para niños y adultos. Cuando Michelle y Patrick O’Brien asumieron la administración en 2002, incorporaron nuevas propuestas para ampliar la oferta de entretenimiento. Entre las principales atracciones que ofrecía el parque se encontraban:

• Pistas de karts
• Minigolf
• Toboganes acuáticos
• Laser tag
• Pista de patinaje sobre ruedas
• Diversas atracciones mecánicas familiares

Con el paso de los años, Fiesta Village Family Fun Park logró destacarse como uno de los espacios recreativos más reconocidos del sur de California, especialmente entre los residentes de San Bernardino y ciudades cercanas.

Qué ocurrirá tras el cierre definitivo de Fiesta Village

Por el momento, los propietarios no anunciaron qué sucederá con el predio una vez concluida la actividad del parque.

Sin embargo, uno de los negocios que funciona dentro de las instalaciones continuará con sus respectivas operaciones. Se trata de Nickelodeon Pizza, restaurante administrado de manera independiente que confirmó que permanecerá abierto en la misma ubicación y con sus horarios habituales.

En un mensaje difundido en redes sociales, los responsables del parque agradecieron el apoyo recibido durante décadas por parte de empleados, visitantes, escuelas y organizaciones comunitarias.

“Su dedicación, lealtad y experiencias compartidas transformaron Fiesta Village en algo mucho más grande que un parque”, señalaron en el comunicado. Por su parte, los clientes dejaron cientos de expresiones de aliento y anécdotas de su paso por el sitio.

Gavin Newsom firma la SB 165 y prorroga el financiamiento de centros de enfermería

La SB 165 fue aprobada por el gobernador Gavin Newsom el 6 de julio de 2026 y ese mismo día quedó oficialmente incorporada a los Estatutos de 2026 como el Capítulo 61. La norma tiene carácter de urgencia, por lo que entró en vigor de manera inmediata con el objetivo de evitar interrupciones en el financiamiento de los establecimientos de enfermería especializada que atienden a beneficiarios de Medi-Cal.

Según el texto de la ley, la decisión responde a la necesidad de preservar las estructuras de financiamiento y de reembolso que sostienen el funcionamiento de estos centros y garantizar que los adultos mayores y las personas con discapacidad aún tengan acceso a servicios de atención de largo plazo.

Uno de los principales efectos de la norma consiste en extender hasta el 31 de diciembre de 2027 la vigencia de distintos mecanismos relacionados con el cobro de la cuota uniforme de garantía de calidad, conocida como “quality assurance fee”, un cargo aplicado a determinados centros de enfermería especializada para financiar parte del programa.

Aunque la tasa dejará de cobrarse después de esa fecha, el Estado conservará la autoridad para recaudar cualquier monto pendiente, incluidos intereses y sanciones, hasta recuperar la totalidad de los pagos adeudados. Según el texto de la SB 165, esa facultad continuará incluso después de que finalice el período ordinario de aplicación del programa.

Cómo la SB 165 cambia los reembolsos de Medi-Cal para centros de enfermería en California

La legislación también modifica diversas disposiciones del sistema de reembolsos de Medi-Cal aplicables a esos establecimientos. El objetivo declarado por la Legislatura es conservar un modelo de financiamiento que permita equilibrar el crecimiento de los costos de atención médica con la sostenibilidad fiscal del programa.

El texto recuerda que los gastos de Medi-Cal siguieron en aumento tanto por el encarecimiento general de la atención sanitaria como por el crecimiento de la cantidad de beneficiarios, especialmente durante períodos de dificultades económicas.

Frente a ese escenario, la Legislatura sostiene que resulta necesario identificar áreas donde los niveles de reembolso puedan ajustarse dentro de los límites permitidos por la legislación federal, para evitar reducciones más drásticas en la cobertura o en los beneficios del programa.

La ley reafirma además que el Department of Health Care Services posee la experiencia técnica necesaria para definir o modificar las metodologías de reembolso, siempre que se respeten los requisitos establecidos por la legislación federal sobre Medicaid y las condiciones de participación financiera del gobierno federal.

Tarifas de Medi-Cal en 2026 y 2027 para centros de enfermería especializada

Uno de los aspectos centrales de la ley es la continuidad del esquema de cálculo de las tarifas de reembolso correspondientes a los años calendario 2026 y 2027 para los centros de enfermería especializada.

La norma distingue dos situaciones diferentes según cada establecimiento cumpla o no con determinados estándares laborales definidos por el departamento estatal:

• Los establecimientos que satisfagan los estándares laborales podrán calcular sus tarifas sobre la base de los costos auditados correspondientes a la categoría de mano de obra, con incrementos de hasta un 5% para los años aplicables.
• Los establecimientos que no alcancen esos estándares aún utilizarán como referencia las tarifas laborales correspondientes al año calendario 2023, también con aumentos de hasta un 5% para cada uno de los años comprendidos entre 2024 y 2027.

Para las restantes categorías de costos —como atención indirecta, administración, gastos de capital y otros pagos directos— la legislación dispone que durante 2026 y 2027 las tarifas partirán de los valores correspondientes a 2025 y podrán incrementarse en un promedio agregado del 1%.

Qué controles de salarios y personal mantiene California bajo la SB 165

La SB 165 también conserva los mecanismos de supervisión para verificar que los centros de enfermería especializada cumplan con diversas obligaciones vinculadas al uso de fondos públicos de Medi-Cal.

Entre los requisitos cuya acreditación puede solicitar el Estado figuran:

• El cumplimiento de las horas mínimas de atención directa por paciente.
• El respeto de la legislación sobre salario mínimo.
• El cumplimiento de las normas relacionadas con el traslado de recursos destinados a salarios y beneficios laborales.

Cuándo termina la metodología de reembolsos de Medi-Cal prevista por la SB 165

La metodología de reembolsos dejará de aplicarse después del 31 de diciembre de 2027. Sin embargo, el Estado conservará la facultad de realizar todas las tareas administrativas necesarias para cerrar el programa y continuar con la implementación respecto de períodos de tarifas anteriores a esa fecha.

Las disposiciones correspondientes permanecerán vigentes hasta completar esas actividades de cierre y, en principio, serán derogadas el 1° de enero de 2029, salvo que una nueva ley prorrogue nuevamente esos plazos.

De este modo, la SB 165 no crea un sistema completamente nuevo, sino que prolonga el funcionamiento del modelo vigente para garantizar la continuidad del financiamiento de los centros de enfermería especializada.

Qué cambiaría la AB 311 en los seguros de auto de California

Según informó CalMatters, el proyecto AB 311 modificaría el marco que regula cómo se calculan las tarifas de seguros de auto de California. La iniciativa autorizaría a las compañías aseguradoras a utilizar información obtenida mediante sistemas de telemática para evaluar a los automovilistas que acepten participar de manera voluntaria.

La telemática es una tecnología capaz de recopilar información sobre el comportamiento del conductor a través de aplicaciones para teléfonos celulares, sistemas integrados en los vehículos u otros dispositivos conectados.

Entre los datos que puede registrar se encuentran la ubicación del vehículo, la velocidad, la intensidad de las frenadas, las maniobras bruscas, las aceleraciones y otros aspectos relacionados con la conducción.

Actualmente, California es el único estado del país norteamericano que no permite que las aseguradoras utilicen este tipo de información para fijar el precio de los seguros. La normativa vigente obliga a priorizar factores como el historial de seguridad vial, la cantidad de millas recorridas y la experiencia al volante al momento de establecer el costo de una póliza.

De aprobarse la propuesta, los conductores podrían elegir que los datos recopilados por los sistemas de telemática complementen el historial registrado por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), con el objetivo de demostrar sus hábitos de conducción y eventualmente acceder a descuentos.

Cómo la telemática podría bajar primas y reforzar la seguridad vial en California

Los impulsores de la iniciativa sostienen que el nuevo esquema no solo podría beneficiar económicamente a muchos automovilistas, sino también contribuir a mejorar la seguridad vial.

La autora del proyecto, la asambleísta demócrata Tina McKinnor, afirmó durante una audiencia legislativa que la telemática representa una herramienta capaz de incentivar una conducción responsable. Según explicó, el objetivo de la propuesta es premiar los buenos hábitos al volante y generar un incentivo económico para quienes respeten las normas de tránsito.

Durante el tratamiento legislativo también participaron familiares de víctimas de accidentes de tránsito. Entre ellos estuvo Kellie Montalvo, madre de Benjamin Montalvo, quien falleció luego de ser atropellado por una conductora que enviaba mensajes de texto mientras manejaba. En su testimonio recordó que la responsable ya acumulaba antecedentes por exceso de velocidad, accidentes previos y otros incidentes, y sostuvo que una herramienta de monitoreo podría haber contribuido a evitar esa tragedia.

Otro de los principales respaldos proviene de Streets Are For Everyone (SAFE), una organización sin fines de lucro dedicada a promover políticas de seguridad vial. Su fundador, Damian Kevitt, explicó ante los legisladores que existen investigaciones que muestran mejoras en el comportamiento de los conductores cuando saben que recibirán beneficios económicos si mantienen una conducción segura. Entre esos cambios mencionó una reducción en el uso del teléfono celular mientras se conduce.

Por qué el Departamento de Seguros de California objeta la AB 311

El principal obstáculo que enfrenta AB 311 proviene del propio Departamento de Seguros de California, que considera que la propuesta es incompatible con la histórica Proposición 103, aprobada por los votantes en 1988 para regular el mercado de seguros.

Esa legislación establece que las compañías deben calcular las tarifas según criterios específicos y garantiza descuentos del 20% para los denominados “buenos conductores”. También contempla reducciones para quienes recorren pocas millas al año, ya que ese parámetro sí está autorizado por la normativa vigente.

En una carta enviada a legisladores estatales, la subcomisionada de Seguros Josephine Figueroa manifestó que el proyecto crea vacíos regulatorios, reduce la supervisión del organismo y permitiría trasladar parte de la evaluación de conductores a proveedores privados de telemática que no están sujetos a la misma regulación.

FBI e Irvine investigan otra vez a Amalvin Fritz tras un reporte por olor químico

El joven Amalvin Fritz, de 18 años, volvió a quedar en el centro de una investigación del FBI luego de que vecinos alertaran sobre un fuerte olor químico proveniente de una vivienda ubicada sobre la calle Crater, en Irvine, California.

Según NBC Los Angeles, el abogado de la familia confirmó que las autoridades federales retomaron las actuaciones tras el nuevo reporte realizado durante la mañana del martes.

La situación guarda una estrecha relación con un episodio ocurrido en febrero, cuando un aviso sobre una presunta actividad química sospechosa derivó en una investigación federal y en un importante despliegue de equipos especializados en materiales peligrosos.

En aquella oportunidad, el propio Fritz explicó que realizaba experimentos científicos con agua, alcohol isopropílico y productos químicos presentes habitualmente en sales de Epsom y removedores de esmalte para uñas.

Nuevo operativo en Irvine por los contenedores devueltos a la familia Fritz

De acuerdo con el abogado Charles Young, la familia acababa de mudarse a una nueva vivienda y descargaba el contenido de tres depósitos que ya habían sido inspeccionados anteriormente por el FBI y posteriormente devueltos a sus propietarios.

El representante legal considera que el olor que todavía desprendían algunos de esos elementos pudo haber motivado la llamada de los vecinos a las autoridades. Esa llamada derivó en un nuevo operativo conjunto entre el Departamento de Policía de Irvine y agentes federales.

Según explicó NBC Los Angeles, la policía confirmó que recibió un reporte por olor químico proveniente de una residencia ubicada sobre Crater y, como consecuencia, inició una investigación coordinada con el FBI. No obstante, las autoridades aclararon que no existía ninguna amenaza conocida para la comunidad y que tampoco fue necesario evacuar a los residentes del vecindario.

Pese a ello, la familia Fritz debió abandonar nuevamente la vivienda mientras colaboraba con los investigadores durante el procedimiento.

Qué ocurrió en febrero con el laboratorio casero de Amalvin Fritz en Irvine

El episodio original comenzó cuando el propietario de la vivienda donde residía la familia alertó a las autoridades tras encontrar materiales que consideró sospechosos.

Según una fuente familiarizada con la investigación citada por CBS Los Angeles, investigadores de la Orange County Fire Authority y del Departamento de Policía de Irvine detectaron posibles indicios relacionados con agentes químicos nerviosos dentro del laboratorio casero donde Fritz realizaba mezclas de distintos compuestos.

Posteriormente, los equipos especializados en materiales peligrosos encontraron documentación escrita que consideraron suficientemente preocupante como para transferir el caso al FBI, organismo que envió tanto su Equipo de Respuesta y Evidencia como su Unidad de Respuesta ante Materiales Peligrosos.

En aquella oportunidad también participaron integrantes del Equipo de Apoyo Civil para Armas de Destrucción Masiva de la Guardia Nacional, que colaboraron en las tareas de inspección desarrolladas dentro de la vivienda.

Pese al amplio despliegue, hasta el momento no se presentaron cargos criminales contra el joven y la investigación federal continúa abierta.

California aplica normas de seguridad laboral en un centro de detención del ICE

Según informó CalMatters, la empresa The GEO Group, operadora privada de centros de detención migratoria, llegó a un acuerdo con Cal/OSHA, la división estatal encargada de la seguridad y salud ocupacional. El objetivo es poner fin a un caso considerado histórico sobre las condiciones laborales dentro del Golden State Annex, un centro de detención ubicado en McFarland, en el Valle Central de California.

El convenio, firmado en mayo y dado a conocer esta semana, establece que la compañía abonará más de US$100 mil luego de que las autoridades estatales concluyeran que no protegió adecuadamente a las personas detenidas que trabajaban dentro del establecimiento.

Además del pago, la empresa aceptó modificar sus planes de control de enfermedades y dejó de impugnar una resolución previa que la sometía a las leyes laborales estatales.

Para organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, el desenlace constituye una victoria importante. Durante los últimos años impulsaron distintas iniciativas para que el Estado pudiera supervisar las condiciones existentes en los centros de detención administrados por contratistas privados del gobierno federal.

Actualmente funcionan ocho establecimientos de este tipo en California y la cantidad de personas detenidas aumentó durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

Cómo empezó la investigación contra The GEO Group en el Golden State Annex

De acuerdo con Los Angeles Times, el conflicto comenzó en 2023, cuando Cal/OSHA impuso multas por un total de US$104.510 a The GEO Group tras detectar seis infracciones a la normativa estatal. La investigación se inició luego de denuncias presentadas por personas detenidas que participaban del programa de trabajo voluntario impulsado por el ICE.

Las inspecciones concluyeron que los trabajadores no contaban con el equipamiento de protección adecuado ni recibían capacitación suficiente para desarrollar tareas de limpieza dentro del establecimiento, pese a que percibían apenas US$1 por día.

Entre las situaciones denunciadas figuraban:

• La limpieza habitual de moho negro en las paredes de las duchas.
• La presencia de polvo negro que salía de los conductos de ventilación.
• El uso de productos químicos de limpieza sin instrucciones adecuadas.
• Deficiencias en los protocolos implementados durante la pandemia de COVID-19.

La sanción más importante estuvo relacionada con la ausencia de procedimientos escritos eficaces destinados a reducir la exposición de los trabajadores a enfermedades transmisibles por aerosoles, una obligación prevista en la legislación de California.

El debate legal por los detenidos que trabajan por US$1 al día en centros del ICE

Uno de los aspectos centrales del caso fue determinar si las personas detenidas que participan del denominado “programa de trabajo voluntario” pueden ser consideradas empleados a efectos de la legislación estatal.

Según explicó CalMatters, quienes permanecen bajo custodia migratoria del ICE no cumplen condenas penales, sino que están detenidos por procedimientos civiles vinculados con inmigración. Dentro de las instalaciones pueden optar por realizar tareas como limpieza, preparación de alimentos o corte de cabello para otros detenidos.

Aunque el programa es voluntario, muchas personas aceptan participar porque el pago de US$1 diario les permite comprar alimentos adicionales en las tiendas internas del centro o costear llamadas telefónicas para comunicarse con sus familiares.

La importancia jurídica de esta discusión radica en que, si son considerados trabajadores, pasan a estar protegidos por las leyes estatales de seguridad laboral, independientemente de que permanezcan bajo custodia migratoria.

Cal/OSHA sostiene que detenidos del ICE pueden tener protección de seguridad laboral

Según publicó Los Angeles Times, tras analizar el caso, la Junta de Apelaciones de Seguridad y Salud Ocupacional de California rechazó los argumentos presentados por The GEO Group. La empresa sostenía que los detenidos elegían libremente cuándo trabajar, no eran empleados y, por lo tanto, no podían invocar las protecciones previstas para los trabajadores por la legislación estatal.

El organismo determinó, sin embargo, que las personas detenidas debían ser consideradas “trabajadores afectados” para la aplicación de las normas de seguridad.

Poco antes de que un tribunal superior de California analizara la demanda presentada por la empresa contra esa decisión, ambas partes alcanzaron el acuerdo que puso fin al litigio.

Además del pago de las multas, The GEO Group aceptó elaborar planes destinados a prevenir enfermedades transmisibles por aerosoles en 12 establecimientos seguros y de reinserción ubicados en California, entre ellos cinco centros de detención para inmigrantes.

El convenio también mantiene vigente otra decisión relevante: las personas detenidas que denuncien riesgos laborales podrán participar de los procedimientos administrativos de forma anónima, una medida orientada a reducir el temor a posibles represalias.